El día de la comparecencia del Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, ante la Comisión Permanente de la XV Legislatura llegó, fue el martes 21 de agosto desde las 11 de la mañana que el responsable de investigar los delitos en Quintana Roo se presentó ante los legisladores, quienes realizaron el evento a puerta cerrada y no se transmitió la sesión por las redes sociales.
Resulta curioso que n esta comparecencia no estuvieran presente los ciudadanos ni los medios de comunicación, como se estila en el Congreso, algo hay ahí de lo que los quintanarroenses no se enterarán, pero es lógico, pues es la Fiscalía General del Estado la encargada de investigar cualquier denuncia que surja contra los diputados, no cabe duda que la cobija de la corrupción puede alcanzar para cubrir a ambos.
Pero más allá de la suspicacia, de los arreglos por debajo de la mensa y los comentarios a puerta cerrada entre el Fiscal y los diputados, a esta dependencia le hace falta herramientas para poder cumplir a cabalidad con su tarea, está atrasada en cuanto a las técnicas de investigación, no tiene tecnología de punta y todavía quedan algunos judiciales corruptos, que trabajan de la mano con el crimen organizado.
La sociedad quintanarroense no solo debe ver los errores del fiscal, sino que en el fracaso de las investigaciones también de manera indirecta participan el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Carlos Mario Villanueva Tenorio; el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Alberto Zetina Tejero.
Es lamentable que en el estado no haya avances en la procuración de justicia en todos los ámbitos delictivos, por ello es que la Fiscalía y el Congreso acordaron impulsar un trabajo más cercano y de mayor cooperación que, incluye, la visita de los diputados a instalaciones de la Fiscalía para conocer el trabajo y las necesidades de primera mano; revisar el funcionamiento del C3 para agilizar los trámites de certificación de policías ministeriales ya que, aunque hay plazas vacantes, éstas no pueden ser ocupadas sin haber aprobado el examen correspondiente.
La pregunta obligatoria es, ¿por qué hasta ahora?, desde hace más de 20 meses los quintanarroenses padecen de la ineficiencia de una Fiscalía que tiene todas las ganas de cumplir con su trabajo, pero que no cuenta con los recursos económicos para llevarlo a cabo, ni el parque vehicular se ha renovado, menos los laboratorios de investigación.
A ver si ahora sí se aprueban las iniciativas como la de Protección Civil del Estado que establece la obligación de que los establecimientos cuenten con cámaras de video vigilancia y conserven los materiales por un tiempo en caso de uso judicial; reformas a la Ley de Seguridad Pública, con el objetivo de hacer más rigurosos los requisitos para autorizar empresas de seguridad privada que usan armas de fuego y reformas al Código Penal con el fin de homologar el tipo penal de feminicidio.
Tenemos la fe que tanto los disputados de la XV Legislatura, como la Fiscalía no se tarden otros 20 meses para darse cuenta de la necesidad de dotar de herramientas a la dependencia que se encarga de investigar los delitos.
SASCAB
Aunque no es consuelo de tontos, Quintana Roo no se encuentra en el top ten de los estados más violentos del país, según el reporte de julio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El informe destaca que el 63% de los delitos totales se han cometido en 11 entidades, los estados que concentran un mayor número absoluto de casos totales de homicidios (dolosos y culposos), son: Guanajuato, con 2 mil 921 casos; Baja California, con 1 mil 963; Estado de México, con 1 mil 914; Guerrero, con 1 mil 895; Jalisco, con 1 mil 795; y Chihuahua, con 1 mil 532 casos. No está Quintana Roo.
