Tras tres meses de misterio, sigilo y presión política, las autoridades capitalinas confirmaron la caída de trece presuntos responsables del brutal asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, dos de los colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Entre los detenidos, tres habrían ejecutado el ataque directo, mientras que los demás fueron señalados como parte de la logística y encubrimiento del crimen. El operativo, desplegado en la madrugada y con apoyo federal, fue descrito como un golpe quirúrgico contra los responsables.
El doble homicidio, ocurrido la mañana del 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, estremeció a la capital: un ataque frío y calculado, ejecutado por un sicario que abrió fuego a corta distancia y huyó en motocicleta. Todo apunta a que fue un crimen con sello del crimen organizado, pues los agresores usaron armas limpias, vehículos robados y guantes para no dejar huella.
La detención es apenas el inicio. La jefa de Gobierno advirtió que el proceso irá “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, detrás de este golpe persiste la gran pregunta:
¿Quién ordenó silenciar a dos figuras tan cercanas al corazón político de la Ciudad de México?
