Cancún, Quintana Roo.— La polémica por la manipulación de crías de tortuga marina en la Zona Hotelera de Cancún escaló ya al terreno oficial. El Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó que la Dirección General de Ecología estableció comunicación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para investigar los hechos y, de existir elementos, presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
El pronunciamiento se produjo después de la difusión en redes sociales de imágenes y un video en los que se observa a una mujer sosteniendo con las manos a crías de tortuga marina, hecho que presuntamente ocurrió en instalaciones del Hotel Emporio.
La exhibición provocó indignación entre usuarios de redes sociales, particularmente porque Cancún atraviesa temporada de anidación y sus playas constituyen uno de los espacios fundamentales para la reproducción de distintas especies de tortuga marina.
Según la denuncia difundida originalmente, después de comenzar la polémica la publicación habría sido eliminada y los comentarios restringidos. Sin embargo, las imágenes ya habían circulado ampliamente y provocaron la intervención de las autoridades ambientales.
El Ayuntamiento informó este 23 de agosto que, además de establecer comunicación con PROFEPA, la Dirección General de Ecología contactó directamente al Hotel Emporio para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la manipulación.
La autoridad municipal señaló que también se busca reforzar la colaboración del establecimiento dentro del Programa de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, con énfasis en garantizar el manejo adecuado de los ejemplares durante la temporada de anidación.
La investigación deberá esclarecer un punto fundamental: cómo fue posible que crías de una especie protegida terminaran siendo manipuladas aparentemente con fines ajenos a su conservación dentro de un establecimiento que participa en un programa destinado precisamente a protegerlas.
No basta con promover liberaciones, campañas ambientales o fotografías institucionales. La conservación efectiva también exige controles estrictos, personal capacitado y vigilancia suficiente para impedir que ejemplares silvestres sean tratados como accesorios para fotografías o contenido de redes sociales.
El propio Ayuntamiento recordó que en México dañar, capturar o matar tortugas marinas, así como sustraer o comercializar sus huevos, puede constituir un delito federal.
El artículo 420 del Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa para determinadas conductas ilícitas relacionadas con especies protegidas. Corresponderá a las autoridades competentes determinar, a partir de las circunstancias concretas, si lo ocurrido encuadra en alguna infracción administrativa o conducta penal.
La intervención de PROFEPA será determinante para establecer qué ocurrió, quién permitió el contacto con las crías, bajo qué circunstancias fueron manipuladas y si existió incumplimiento de los protocolos establecidos para su protección.
El Ayuntamiento de Benito Juárez informó además que cualquier conducta que ponga en riesgo a las tortugas marinas debe reportarse inmediatamente al 911 y refrendó su compromiso de trabajar coordinadamente con autoridades federales y el sector privado para proteger esta especie.
El episodio deja una advertencia para hoteles, turistas y prestadores de servicios: estar frente a uno de los fenómenos naturales más emblemáticos del Caribe Mexicano no otorga derecho a intervenir en él.
Una cría de tortuga marina no es un souvenir, no es utilería para redes sociales y tampoco un objeto para conseguir fotografías o reacciones. Es fauna silvestre protegida.
Ahora corresponde que la investigación determine responsabilidades y, en su caso, que la legislación ambiental se aplique. Porque proteger a las tortugas no puede quedarse en campañas y discursos: también implica actuar cuando los protocolos son vulnerados.
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