Cancún.- Los amparos interpuestos por organizaciones civiles para poner un alto al Congreso y a la millonaria partida presupuestal que se aprueban para ejercerla como “ayudas sociales” continúan avanzando y en los próximos días esperan obtener una suspensión definitiva para evitar esta práctica.
En conferencia de prensa, Francisco Colunga Becerril, presidente de Cultura Cívica Quintana Roo A.C., fue uno de los encargados de explicar sobre los avances que se han obtenido en la materia, y detalló que hasta ahora van tres amparos, de los cuales sólo uno está relativamente avanzado.
“En ese amparo ya se otorgó la suspensión provisional para el efecto de que el Congreso no pueda gastar ni un peso de ese presupuesto sin informarle al juez de distrito a quién se lo paga y por qué se lo paga y justificando que es una ayuda social”, explicó.
“Todo esto mientras se analiza el fondo del asunto o mientras llega la fecha de la audiencia constitucional en donde se va a definir el monto del asunto. Eso quiere decir que pasamos una gran barrera que antes no habíamos logrado pasar”, continuó narrando.
Agregó que la próxima audiencia será el 17 de febrero, en la que se definirá si se concede la suspensión definitiva para que el congreso de Quintana Roo deje de tomar recursos de la partida presupuestal destinada a ayuda sociales mientras se resuelve el juicio.
Lo que los activistas buscan erradicar, es la partida presupuestal de unos 100 millones de pesos que los diputados locales se aprueban año con año para destinarla, supuestamente, en ayudas sociales, las cuales aseguran los activistas, no están transparentadas.
