Sinaloa.— Una serie de audios filtrados ha detonado una tormenta política y de seguridad en Sinaloa: en las grabaciones, voces atribuidas a operadores de “Los Chapitos” mencionan de manera directa al gobernador Rubén Rocha Moya como parte de la supuesta negociación que derivó en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses.
Las grabaciones, presentadas por periodistas especializados, describen la logística del operativo, las coordinaciones internas y las supuestas instrucciones para “avisar a Arrocha”, un alias que, según los reportes, se refiere al mandatario estatal. Las comunicaciones habrían sido proporcionadas por un infiltrado identificado como “Leopoldo”, presunto integrante del círculo encargado de organizar la entrega.
La información difundida señala que la operación contemplaba no sólo la captura del histórico capo, sino que coincidió con el asesinato del exrector de la universidad estatal, lo que alimenta hipótesis de un esquema más amplio de complicidades políticas y criminales.
Rocha Moya ha negado categóricamente cualquier participación, afirmando que fue engañado respecto al contexto de la reunión en la que presuntamente se le involucró. No obstante, el contenido de los audios y los señalamientos de testigos lo han colocado en el centro de una controversia nacional que exige respuestas claras y verificables.
Organizaciones civiles, académicos y analistas en seguridad consideran que el caso plantea un grave precedente: la posibilidad de que actores políticos hayan operado de manera paralela con grupos delictivos para facilitar la caída de uno de los capos más longevos del país. De confirmarse la autenticidad de los audios, estaríamos ante un episodio que reabre el debate sobre infiltración del narco en estructuras de gobierno y sobre acuerdos clandestinos que trascienden fronteras.
La exigencia ahora es contundente: investigación independiente, peritajes de autenticidad y deslinde de responsabilidades. La sociedad demanda claridad ante un escándalo que no sólo involucra a un gobernador en funciones, sino que también coloca en entredicho la transparencia del operativo que terminó con la caída de “El Mayo” Zambada.
El caso permanece abierto y el escrutinio público aumenta cada hora.
