PUERTO MORELOS.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha decidido atraer el problema del despojo de 900 hectáreas del Ejido de Puerto Morelos, a fin de determinar quienes son los presuntos responsables del mega fraude que estuvo a punto de consumarse, además de las afectaciones que ya se hicieron a los recursos naturales y desde luego, determinar cuántos y quienes funcionarios públicos están involucrados en esto.
Y es que, como lo daremos a conocer en breve, no solo están involucrados funcionarios y ex funcionarios públicos estatales y municipales; servidores públicos de la administración federal como el Registro Agrario Nacional, la Reforma Agraria, sino que además, se han involucrado funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Y resulta que, la Fiscalía General del Estado (FGE), determinó tomar parte en las investigaciones, en respuesta a las denuncias que los propios ejidatarios presentaron, por lo que, los incansables esfuerzos de los operadores de la Mafia Agraria por llevar a cabo tantas asambleas ejidales como sean posibles, a fin de insistir al hartazgo con los actos ilegales que les permitan quedarse con esas 900 hectáreas.
Braulio Núñez López, el actual presidente del Comisariado, es el primer sujeto a investigación ante la FGE, lo han citado, por lo que ha cancelado todos los compromisos que involucren al Ejido, sobre todo, la asamblea que tendría que haberse desarrollado el próximo domingo 14 de noviembre.
“Compañeros Buenos días tengan todos ustedes, les comunico que la asamblea de formalidades especiales que esta convocada para este próximo domingo 14 del año en curso no se llevara acabo por falta de documentos técnicos en base a los nuevos criterios entre diferentes secretarías publicados en el diario oficial de la federación en el mes de mayo se sigue recabando la documentación que se requiere por tal motivo la asamblea se celebrará el 5 de diciembre misma hora en la casa ejidal, por su comprensión muchas gracias. Reciban un cordial saludo”.
En medio de toda la anterior perorata , el único dato certero es que la asamblea se cancela; lo que no dice es que, en realidad, la razón de ello es la investigación que ya lleva a cabo la Fiscalía General del Estado.
Pero ese es apenas el inicio, la administración federal, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado las investigaciones pertinentes a fin de determinar las sendas responsabilidades y proteger los intereses de los ejidatarios.
Trascienden los trabajos de tráfico de influencias que encabezan Antonino Almazán Arteaga y su hermano, Juan Pastor, quienes trabajan a la mejor usanza de la administración de Felipe Calderón, durante la cual, si se requería del apoyo del Gobierno federal, era menester revisar la lista autorizada de “gestores”, “consultores”, que eran los únicos autorizados para gestionar ante “su majestad”, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Pero, como se sabe, esa es sólo la espuma visible de las aguas negras; las investigaciones de inmediato direccionarán hacia la diputada federal Laura Lin Fernández Piña, e incluso, hacia el titular de Fonatur en Cancún, el tabasqueño, Raúl Bermúdez Arreola.
Será en extremo interesante dar seguimiento puntual a los resultados de las investigaciones, pero sobre todo, constatar que a los ejidatarios se les repongan los 1 mil 400 millones de pesos y 2 mil 500 hectáreas que ya les había despojado Félix Arturo González Canto.
