Los empresarios o empresas implicados en el caso “Panamá Papers” que hicieron una omisión en sus declaraciones de los últimos cinco años o de declaraciones de operaciones en el extranjero, así como el uso de un sistema de pago anónimo, o ser parte del régimen fiscal de tratamiento preferencial o cometió incumplimiento, serán sujetos a una auditoría y en dado caso de hallarse algo podrían recibir una sanción de tres meses a nueve años de prisión, aseveró el jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez.
Aseguró que el tema sigue siendo de interés para el SAT, por lo que llamarán a empresas y personas físicas tanto las que ya se habían señalado en un principio cuando se dio a conocer a principios del mes de abril, como las que recientemente salieron a relucir en otra información que se difundió hace un par de días por el Consorcio Internacional de Proyectos en Investigación.
Ese llamado será para que aclaren las operaciones que se dicen en ese informe, o que se presumen llevaron a cabo en años anteriores.
Sobre la posibilidad que pueda calificarse como delito de lavado, el jefe del SAT dijo que eso compete ya a otras instancias, la dependencia que dirige se encargará de identificar si hubo patrones de omisión fiscal o evasión y en ese momento presentar las querellas. En caso de configurar el delito fiscal la pena corporal va de tres meses a nueve años de prisión dependiendo del monto evadido y para ello se necesita sustanciar y motivar un procedimiento.
Añadió que para ello se tienen que hacer las auditorías, poder configurar ese delito fiscal y llevarlo a la situación penal.
Esas auditorías dependen de la rapidez con que se tenga la información, el plazo máximo que establece el Código Fiscal para concluir una auditoría como ésta, es de 12 a 24 meses, cuando se trata de compulsas internacionales y no se pueden exceder de ese plazo.
Explicó que el SAT ofreció una estructura metodológica para efecto de que la ciudadanía conozca lo que se hará, que es la revisión de sus declaraciones de los últimos cinco ejercicios, ver si ellos declararon alguna operación en el extranjero, también ver si acudieron a un esquema de pago anónimo que estuvo vigente hasta el 2013, ver si en algún caso de ellos se encuentra dentro de los regimenes fiscales de tratamiento preferencial, o bien si incumplió.
Núñez Sánchez aseveró que en el caso de estar omiso en las declaraciones o de inversiones en el extranjero serán auditados y en su caso sancionados.
En el caso de aquellas empresas extranjeras que operan en México o mexicanas con actividades en el extranjero, precisó que cada país tiene sus facultades para actuar, pero también con varios países se tiene una colaboración de acuerdos de intercambio “de los 21 países que se revelaron en esa página del consorcio internacional, se conoce que los mexicanos tuvieron operaciones en 20 países, de esos en 18 ya se tiene un acuerdo de intercambio amplio de información que nos permite hacer cruce de información con ellos de manera oficial y en los otros dos casos donde no se tiene acuerdo de intercambio amplio de información se invocará en asistencia mutua”.
Sobre la implicación de un funcionario federal, aclaró que se trata de una persona que está en el área de precios de transferencia y no en Aduanas, detalló que en la primera publicación es señalado como un intermediario prospecto, pero no hay ninguna vinculación, ninguna operación, empresa o valor, de acuerdo a la misma información que arroja el informe.
Aunque ya están en un procedimiento interno de esa persona en el SAT para conocer su patrón de comportamiento, su situación socioeconómica, dónde vive, qué ha comprado o gastado, cuántas veces ha salido del país, a dónde, con quién se ha relacionado, “estamos haciendo una investigación de fondo a través del órgano interno de control para poder deslindar responsabilidades”.
