Chetumal. - Con 21 votos a favor el Congreso de Quintana Roo aprobó la iniciativa para reformar al Código Penal para “penalizar” el “cobro de derecho de piso”.
La extorsión representa el 17.5% de todos los delitos en el país, ocupando el tercer lugar en la incidencia de delitos a nivel nacional, y en Quintana Roo, sobre todo en Cancún y Playa del Carmen, Tulum (o todo el norte del estado), este tipo de extorsión lleva años practicándose con total impunidad.
Por esa razón las víctimas terminan cerrando sus negocios, huyendo de su ciudad, muertos o pagando mensualmente cantidades exorbitantes de dinero para mantener abiertos sus negocios, o tener “protección” de algún grupo criminal para no ser atacado.
La iniciativa presentada por el diputado petista, Hugo Alday Nieto fue votada a favor por 21 diputados en la sesión ordinaria.
Con la reforma al Código Penal de Quintana Roo se aborda y penalizar de manera efectiva el flagelo del «derecho de piso» en el estado, práctica delictiva que ha afectado no solo el patrimonio de los quintanarroenses, sino también su tranquilidad y seguridad.
A través de esta iniciativa de reforma se busca un enfoque más certero en la persecución del delito, cambiando la consideración del bien jurídico tutelado de «patrimonial» a «contra la libertad y seguridad de las personas» además, introduce tres nuevas agravantes al delito de extorsión:
- Cuando la víctima o un tercero cumple con las demandas del extorsionador.
- Cuando se realiza un cobro ilegal de cuotas.
- Cuando el extorsionador está armado o parece ser peligroso.
El propósito principal de esta enmienda es abordar el «derecho de piso» como una modalidad específica de extorsión que involucra la imposición de demandas económicas ilegales de forma constante.
Durante el proceso legislativo, la Comisión de Justicia, escuchó las demandas del sector empresarial y la sociedad en general para el estudio y análisis de la modificación al Código Penal respecto a esta problemática.
Además, en colaboración con representantes del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se realizaron sesiones de trabajo para lograr una sanción más severa de este tipo de extorsión, teniendo en cuenta su impacto negativo en el patrimonio, la paz social y la libertad de las personas.
La extorsión es un problema significativo en el ámbito nacional, ocupando el primer lugar en incidencia en el sector económico.
En Quintana Roo, a pesar de ocupar el tercer lugar, la mayoría de los casos no se denuncian o se clasifican como amenazas debido a la falta de disposiciones claras en el Código Penal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, la extorsión representa el 17.5% de todos los delitos en el país, ocupando el tercer lugar en la incidencia de delitos a nivel nacional.
Esta reforma busca abordar esta problemática y brindar una respuesta más adecuada a esta forma de extorsión, ya que es un delito que afecta no solo el patrimonio de las personas, sino también sus derechos humanos, incluyendo su libertad, paz social y tranquilidad emocional.
También se aprobaron las modificaciones al Código Penal en materia de feminicidio para proveer justicia a las mujeres.
Los integrantes de la XVII Legislatura aprobaron una serie de iniciativas para otorgar justicia a las mujeres y que consisten en la imprescriptibilidad del feminicidio, aumento de penas para quienes lo cometan, la pérdida de derechos del agresor y sanciones para servidores públicos que no cumplan con sus funciones en casos de feminicidio.
La Comisión de Justicia encabezada por Hugo Alday, es sensible al clamor ciudadano por una justicia eficaz, pronta y expedita. Con estas iniciativas, Quintana Roo da un paso crucial en la lucha contra delitos de alto impacto que permiten garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Con información del diputado Alday.
