A pesar de que la Federación Internacional de Natación (Fina) desconoció desde enero pasado a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, se empecina en defenderlo y desafía al organismo internacional para que Todorov siga, de facto, al frente de los deportes acuáticos en México.
El trasfondo del asunto descansa en que Guevara estaría dispuesta a dejar de respaldar a Todorov si, a cambio, el Comité Olímpico Mexicano, que encabeza María José Alcalá, desconoce a Antonio Lozano como presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y gestiona su remoción ante la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).
Antonio Lozano fue procesado y hallado culpable del delito de peculado por el desvío de 4.8 millones de pesos que la Conade le entregó para operar el atletismo mexicano cuando Bernardo de la Garza era el director del máximo organismo del deporte en México.
Quien denunció a Lozano por la malversación de recursos públicos fue Israel Benítez, con la ayuda de su amiga Ana Guevara cuando ella fungía como senadora. Benítez, otrora subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade en la presente administración, fue destituido de ese cargo por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2020, acusado por distintos actos de corrupción.
En abril de 2015, cuando asumió el cargo de director de la Conade, Alfredo Castillo desempolvó el expediente iniciado por Benítez y Guevara. Lozano fue detenido en diciembre de 2016 y estuvo poco más de un mes en la cárcel. El federativo salió del Reclusorio Sur y llevó en libertad el resto de su proceso, hasta que fue sentenciado. A pesar de esto nunca dejó de ejercer como presidente de la FMAA y hasta ahora sigue dirigiendo el atletismo nacional.
Todorov enfrenta una situación parecida a la de Lozano. En septiembre de 2021 fue vinculado a proceso también por el delito de peculado, por el juez adscrito al Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó entonces en un comunicado que “se recabaron datos de prueba relacionados con una posible distracción de recursos públicos con motivo de varios contratos y adendas… El delito de peculado, por el que se vinculó a proceso al imputado, permite sancionar a aquellas personas que sin ser servidores públicos administran, custodian o aplican recursos públicos, por lo que constituye una vía para combatir los actos de corrupción en los que intervengan particulares”.
