Ciudad de México.— La reciente designación de nuevos jueces federales para los penales de máxima seguridad en el país ha encendido las alertas entre especialistas y operadores del sistema judicial. A casi cinco meses de las elecciones judiciales, se advierte que varios de los nuevos juzgadores carecen de experiencia en casos de delincuencia organizada y alto impacto, lo que podría comprometer la eficacia y la seguridad de los procesos más delicados del país.
Los tribunales ubicados en los reclusorios Norte, Sur, Oriente y el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano fueron renovados como parte del proceso de transformación judicial. Sin embargo, los perfiles designados —en su mayoría jóvenes o con trayectoria administrativa— no cuentan con historial sólido en litigación penal federal, ni con experiencia directa en la conducción de audiencias contra líderes criminales o redes de corrupción.
Esta falta de pericia genera inquietud en el interior del Poder Judicial, pues los jueces de máxima seguridad tienen a su cargo decisiones críticas como la prisión preventiva, medidas cautelares, traslado de reos peligrosos y revisión de causas relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero o secuestro. Un error procesal o una resolución imprecisa podría derivar en liberaciones indebidas, nulidades judiciales o incluso riesgos a la seguridad nacional.
Expertos en materia judicial advierten que el nuevo esquema de elección ha privilegiado criterios políticos y de confianza sobre la preparación técnica. En varios casos, los nuevos jueces provienen de áreas administrativas o académicas sin haber dictado resoluciones en procesos penales de alto riesgo. “No basta con tener título y buena voluntad; se necesita conocimiento táctico, temple y experiencia real frente a los expedientes más peligrosos del país”, subrayan analistas.
Los riesgos son evidentes:
- Debilidad procesal, al desconocer estrategias jurídicas de defensa o manejo de pruebas complejas.
- Retrasos en los juicios, mientras los nuevos titulares se adaptan a la complejidad de los casos.
- Percepción de vulnerabilidad institucional, lo que podría ser aprovechado por organizaciones criminales.
En el entorno político, la preocupación se centra en que este relevo judicial sin filtros técnicos podría abrir grietas en el sistema de justicia justo cuando el país enfrenta una de las etapas más violentas de los últimos años.
La designación de jueces sin experiencia en penales de máxima seguridad no solo representa una apuesta arriesgada, sino una señal preocupante: los tribunales que deberían ser el último bastión contra la impunidad podrían estar quedando en manos inexpertas.
