CHETUMAL, MX.- El presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, indicó que los ayuntamientos que cuenten con el servicio de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguakán, serán los que deban buscar la revocación de la concesión a la mencionada empresa y analizar posibles causales de penalización por cancelación del contrato.
Martínez Arcila dijo que la XV Legislatura respaldará la decisión que tomen los Ayuntamientos, incluso en lo económico, ante la posibilidad de alguna pena por la revocación del contrato con la empresa Aguakán.
Señaló que pese a que fue el gobierno del estado a través de la Comisión de Agua Potable quien concesionó el servicio, para cuestiones de rescisión del contrato deben ser los municipios quienes decidan la permanencia o cancelación del mismo, y luego será el estado quien asuma también su parte.
Sobre el monto de penalización tan solo para la revocación en el municipio de Solidaridad donde se habla de una cantidad superior a los mil millones de pesos, indicó que de haber algún monto a cubrir, esta sería una decisión entre el gobernador y los alcaldes.
“Nosotros como diputados estamos impulsando esta acción, pero no podemos afectar las finanzas de los Ayuntamientos y del estado, ellos tendrían que plantear el mecanismo financiero, nosotros no vamos a reorientar un gasto si los Ayuntamientos no están de acuerdo”, explicó.
El Legislador pidió que se analicen los contratos de concesión y se busquen las estrategias legales para revocar el contrato evitando el pago de alguna indemnización.
Cabe mencionar que en noviembre de 2014 la pasada Legislatura aprobó la ampliación de concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán) hasta el año 2053 para los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez, y entregó además el servicio de abastecimiento del vital liquido en los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos.
