Cuando se afirma que la red de corrupción que tejió Patricio de la Peña Ruiz de Chávez en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de ninguna manera puede quedar impune, basta con adentrarse en los casos de dos empresas, una relativa a la construcción de estructuras de concreto y la otra especializada en el manejo de recursos humanos, para dar cuenta del perjuicio que se causó no sólo a los grandes consorcios cuyos casos ya hemos documentado, sino a muchos emprendedores que, pese al esfuerzo que realizaron para levantar y sacar adelante sus negocios, de la noche a la mañana fueron condenados a la quiebra.
Datos recabados por el que esto escribe confirmaron que a finales del 2013 un joven de nombre Ricardo, que encarecidamente solicitó no dar a conocer sus apellido por razones netamente personales, estableció en Cancún una empresa que se encargaría de proveer de estructuras de concreto a una compañía más grande que en ese entonces construía varios edificios en el destino turístico.
Según su testimonio, por más de un año operó con 15 empleados a través de una pequeña planta que instaló en el municipio de Benito Juárez, siendo que meses después, una vez que concluyó su contrato, regresó a la Ciudad de México donde están sus oficinas.
Si bien todo marchaba sobre ruedas tras su incursión en Quintana Roo, Ricardo se llevó la sorpresa de su vida cuando en 2015 se percató de que sus dos cuentas de inversión y dos más de cheques estaban bloqueadas por razones que desconocía.
“Era viernes y no podíamos hacer mucho, lo único que pudimos averiguar es que era una instrucción de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 10 por una demanda que tenían contra nosotros ocho choferes por cinco millones de pesos. Estábamos muy extrañados porque hacía más de un año que habíamos regresado de Quintana Roo”, asentó.
En este sentido, se sabe que de la misma forma en que la mafia comandada por De la Peña Ruiz de Chávez hizo con otras empresas que ya habían sido víctimas de despojo, el actuario supuestamente le notificó al entrevistado de la demanda laboral en su contra, pero en un predio desconocido, así que nunca se enteró de la misma.
“Esto es parte del juego que tenían en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esta era delincuencia organizada, porque para poder hacer estas cosas se debe estar amañado (sic) con el actuario y todos los órganos que están arriba de todo esto”, expresó Ricardo, quien expuso además que los cinco millones de pesos que le sustrajeron de sus cuentas fueron entregados sólo a tres de los ocho choferes que supuestamente emprendieron una demanda laboral en su contra por despido injustificado.
De igual forma, el afectado indicó que a través de varios abogados, logró con un amparo frenar la sustracción de otro millón de pesos, es decir, que de no ser por la protección de la justicia federal, le habrían sustraído seis millones de pesos de sus cuentas bancarias.
“Los bancos no hacen averiguación alguna ni te avisan que tus cuentas están congeladas hasta que tratas de usarlas y te enteras de que tu dinero ya fue entregado a gente que ni conoces, que no son tus trabajadores y que nunca has visto. En vez de hacer una investigación, ellos inmediatamente entregaron el dinero a los supuestos choferes”, expresó en su momento al portal de Expansión CNN.
Al respecto, el empresario condenó el descaro con que se actuó en su caso, ya que fueron varias las irregularidades que tuvo que enfrentar en la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 10, entre estas, las notificaciones que nunca llegaron a sus manos, el expediente que le hicieron “perdedizo” para que no pudiera defenderse y el retiro de su dinero.
“Cuando me dejaron ver la demanda me dijeron: Yo ya entregué el dinero a los trabajadores, tú caíste en desacato por no presentarte a los llamados que hicimos. La verdad es que desaparece el dinero y no vuelves a saber de él”, indicó.
Pero, lo verdaderamente grave del asunto es que a final de cuentas, la empresa de Ricardo quebró porque no pudo seguir haciendo operaciones mercantiles ni cobrar a los clientes que le debían.
“La afectación fue tan grande que mi empresa quebró. No pude cobrar porque si cobraba yo a los clientes, el dinero me lo iban a robar, me iban a vaciar las cuentas por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 10 de Quintana Roo. No fue sólo lo que me robaron, me paralizaron la empresa y tuve que constituir otra, vender los activos y renegociar con todos los clientes las cuentas por cobrar”, afirmó.
Por cierto, después de que se le concedió el amparo, Ricardo decidió interponer una denuncia penal en contra de los funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 10, sin embargo, al ver las grandes cantidades que se estaba gastando en el proceso y al no tener el tiempo suficiente para atenderlo, se desistió.
“Me desistí porque me quitaba tiempo y me costaba más el proceso que lo que iba a recuperar, pero lo que sucedió en Quintana Roo fue delincuencia organizada de alto nivel, lo que me pasó a mí, ahora sé que lo hicieron con mucha gente. Los delincuentes no pueden actuar de manera autónoma, es imposible. Fue tan evidente el robo y el despojo que tenían que estar enterados de lo que pasó, incluso, hasta en la Ciudad de México”, concluyó.
Ahora bien, el caso de Mayka Osorno Michel, una pequeña empresaria que llegó a Cancún en 2006 con la idea de abrir una sucursal de su negocio: Una empresa de recursos humanos que también opera nóminas de otras compañías, es una muestra más de hasta dónde fue capaz de llegar De la Peña Ruiz de Chávez al amparo del poder.
Según narró la propia agraviada, el mercado de Cancún siempre le pareció muy complicado porque operaban grupos muy cerrados y existía un ambiente de poco respeto a la legalidad, y es por ello que prefirió regresar a su casa, sin embargo, al igual que sucedió con Ricardo, de un día para otro se enteró que le había retiraron dos millones 344 mil 789 pesos de una cuenta que pertenecía a la nómina de otros clientes.
Como es de suponerse, día después confirmó que este desfalco se debió a una supuesta demanda laboral iniciada siete años antes y de la cual nunca recibió notificación alguna.
En este tenor, y para no variar, señaló que al revisar el nombre de la trabajadora que adujo haber sido despedida injustificadamente, se dio cuenta de que sí fue contratada por ella, pero su empleo duró sólo un mes y fue con un salario 10 veces menor al que se asentó en la demanda laboral.
Ante esto, Osorno Michel solicitó un amparo y lo ganó, pero sus abogados nunca cobraron el cheque, presumiblemente, como ella misma lo asentó, porque era obra de una red de corrupción donde no sólo tenía que ver su presunta empleada, sino la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje al mando de Alexis Zavala Avila y, probablemente sus antiguos abogados.
Cabe destacar que si bien los afectados decidieron dejar las cosas por la paz, ambos coincidieron en la imperiosa necesidad de que estos hechos se investiguen y se castiguen, pues dadas las graves consecuencias que trajeron consigo ya no sólo para ellos, sino para muchos empresarios que creyeron en Quintana Roo, de ninguna manera pueden quedar impunes.
