POR XAVIER MÉNDEZ CAMACHO
Tranquilos, todo a su tiempo, ni antes ni después. El gobernador electo, Carlos Joaquín González está haciendo lo suyo. Y lo suyo es hacer auditorías y revisar concienzudamente la administración que recibe de Roberto Borge antes de tomar las riendas.
De manera objetiva, sin resentimientos, sin nada personal –porque en política nada es persona-l, Carlos Joaquín ha designado un equipo de sus colaboradores que están en eso, revisar en qué estado se encuentra la actual administración desde todos los puntos de vista y cómo la deja: económico, desarrollo social, derechos humanos, seguridad, medio ambiente, turismo, etc. Roberto Borge tiene que entregar cuentas – y buenas cuentas- pues es su responsabilidad. Pero no es nada nuevo. Todos los gobernantes, al concluir su periodo tienen que entregar cuentas a las nuevas administraciones, por qué aquí habría de ser diferente. Se castigará a los responsables de peculado, de desviar recursos, de portarse mal, de fomentar la corrupción y la impunidad, con pruebas documentales y evidencias reales. No con inventos, no con rumores. Y eso también es trabajo natural de Carlos Joaquín. No estamos ante una cacería de brujas. No son los juicios de Salem. Para quien no sepa de lo que hablo, es fácil conocer que los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el propósito de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk, y Middlesex (Massachusetts), entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Este acontecimiento ha sido usado retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales. Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones, sin embargo no llegaron a ser formalmente procesadas por el tribunal del condado... nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores…”. Es obvio que ésta no es ni será la práctica del nuevo gobernante. Carlos Joaquín es político de alta envergadura que sabrá conciliar intereses. Por eso se votó por él. Quien tenga que pagar que pague, lo que no se vale es presionar al gobernador electo de la manera como lo hace una jauría despiadada que solo busca acomodaticio en el nuevo régimen y ajustar cuentas con la administración saliente en base a dichos y rumores.
NOTICIAS DEL IMPERIO
El Vocero Oficial del Gobierno del Estado, Rangel Rosado Ruiz, afirmó que en vista de que algunos medios de comunicación han publicado información distorsionada e imprecisa según la cual el Gobierno de Quintana Roo desapareció la Unidad de Transparencia, por razones, según ellos, de opacidad, es importante aclarar y desmentir esa versión porque es falsa…Dice Rangel: “Lo que ocurrió fue que la nueva Ley Federal de Transparencia, promulgada en 2015, obligó a los Estados de la República a crear sus propias leyes de transparencia en apego a la federal. El plazo dado a los estados fue de un año y venció en mayo pasado; Quintana Roo cumplió y promulgó su nueva Ley de Transparencia, cumpliendo así con el ordenamiento federal. En resumen, subrayó, desaparece la Unidad de Transparencia como órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, pero no deja de existir, pasa a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación. Fue necesario e imperativo establecer mejores criterios y parámetros que permitieran una mejor atención y más oportuna a cada una de las solicitudes de información y con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia se retoma la necesidad de homologación normativa y de criterios para que la información fluya en cualquier parte del país sin importar quien la solicite o consulte, Quintana Roo se suma a la forma de trabajar del Gobierno Federal donde cada dependencia cuenta con su propia oficina de vinculación para atender a la ciudadanía y es responsable de la información que emite. Es importante enfatizar que la atención se sigue y se seguirá dando a través de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Gestión Pública, por lo que el Gobierno de Quintana Roo sigue trabajando en temas de transparencia y acceso a la información en apertura total a dicho derecho ciudadano…Agrega que es importante no permitir que voces poco calificadas e informadas, inclusive de quienes por su cargos deberían ser quienes precisen esa información, como es el caso de la diputada federal Ivanova Pool y de la diputada local electa Laura Beristain, que en su ignorancia sobre el tema confunden a los ciudadanos con la descalificación y exhiben la pobreza de su responsabilidad popular de estar bien informadas, así como su irresponsabilidad por el simple hecho de afirmar sin conocimiento por querer llamar la atención y así obtener efímera notoriedad…Y más: “La ley es clara. Los actos de gobierno se realizan bajo el escrutinio público de los ciudadanos —continuó—. No se dio tal desaparición del órgano de transparencia como tal y seguiremos actuando en apego total a la ley, sincronizados con la legislación federal y con nuestras responsabilidades, con, sin y a pesar de críticos ignorantes y desinformados, que en redes sociales y otras instancias intentan generar una percepción distorsionada de un gobierno que trabaja y trabajará hasta el último día a favor de los quintanarroenses y de las instituciones del Estado.
