En su conferencia matutina del pasado miércoles, el presidente López Obrador propuso una serie de medidas de austeridad: la reducción “voluntaria” del sueldo de altos funcionarios públicos, suspensión de sus aguinaldos, la eliminación de diez subsecretarías y el recorte del 75% de servicios generales, materiales y suministros en todas las dependencias del gobierno.
Los proyectos prioritarios en los que se destinarán más gastos son: aeropuerto de Santa Lucía, refinería Dos Bocas y el Tren Maya; junto con la creación de dos millones de empleos.
Sin embargo, en una reciente columna del Universal, escrita por un grupo de académicos del CIDE y la UNAM, dijeron que a simple vista estas medidas presentaban “un sinnúmero de problemas nada despreciables”.
“Algunas de ellas, como la reducción de salarios, parecen abiertamente inconstitucionales. Otras, como la reasignación unilateral del presupuesto, sugieren un desbordamiento de las facultades del Ejecutivo. Y algunas más, como el recorte del gasto operativo, simple y sencillamente, resultan imposibles de cumplir, a menos que se pretenda el cierre de facto de buena parte de la administración pública federal”, escribieron.
Sin embargo, dijeron que aunque era ‘complicadísima la relación entre el derecho y la actual administración’, la experiencia de los últimos meses había demostrado que conferencias mañaneras y decretos no eran lo mismo, pues la comunicación presidencial no siempre se traducía en normas. “En esta ocasión, sin embargo”, dijeron, “sucedió lo contrario y, literalmente, el discurso se hizo decreto”.
Sobre el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, dijeron que “en términos jurídicos, lo firmado por el presidente y los titulares de Gobernación, Hacienda y Función Pública es, paradójicamente, un decreto que no decreta nada en absoluto y se limita a reproducir, casi íntegramente, lo dicho por el presidente en la mañanera del día anterior".
Advirtieron que el contexto en el que vive el país revela síntomas inquietantes y que asistimos a ‘un paulatino debilitamiento de uno de los pilares del Estado mexicano’
“En todo estado constitucional, los gobiernos actúan subordinados a la ley y mediante normas públicas y generales. La combinación de mañaneras, decreto e iniciativa que hemos visto la semana pasada son muestra del debilitamiento de ambos principios. Tenemos enfrente actos administrativos que contravienen la Constitución y las leyes e iniciativas legislativas que, de ser aprobadas, romperían el orden constitucional”.
También aseguraron que en los próximos días emergerán más problemas jurídicos en torno al decreto presidencial. “Si se implementa, o si se aprueba la iniciativa de ley, es previsible que se desencadene un vendaval de litigios que incluso serán contraproducentes para la actual administración, Por eso pensamos que es imperioso corregir el rumbo”.
“El remedio ya ha sido apuntado: es urgente que el Congreso despierte de sus siesta y asuma un papel protagónico en esta emergencia. Las funciones de diputados y senadores no pueden estar supeditados a la voluntad presidencial. Nos parece, en suma, que el escenario actual es insostenbile. Santa Anna, que condenaba de abusadores de la libertad de expresión a sus detractores dijo que en 1839 la primera atribución del presidente es 'dar todos los decretos y órdenes que convengan para la mejor administración publica″, concluyeron.
