Más de la mitad de la mancha urbana de la ciudad de Cancún corresponde a zonas donde se registraron invasiones de tierras ejidales, en coyunturas históricas específicas, casi siempre con el consentimiento de los miembros de las sociedades ejidales y en muchos casos con el connubio de autoridades o políticos que obtuvieron algún beneficio por esa circunstancia.
Sin embargo, el desalojo ocurrido ayer en un predio conocido como “La Jungla”, no tiene ninguna similitud con los casos anteriores y por varias razones, y en todo caso, sí resulta necesario dejarlo como el primer antecedente donde la autoridad llevó a cabo una medida necesaria, para garantizar el estado de derecho y la propiedad privada.
En diciembre del 2010, los legisladores locales decidieron enfrentar este problema y decidieron modificar el Código de Procedimientos Penales del estado, para agravar la pena por el delito de despojo, para quedar como sigue:
“ARTICULO 158.- Se aplicará prisión de seis meses a seis años y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste:
I.- Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno o de otro;”.
Eso fue lo que ocurrió en esta ocasión en el predio “La Jungla”, donde se desalojó a un grupo de personas que intentaron apropiarse de algo que nos les pertenece. Además, y hay que decirlo, varias de las presuntas familias que tomaron ese terreno no vivían allí, sino que en realidad montaron frágiles e improvisadas casas de campaña, haciendo guardias alternadas porque en realidad dormían en otro sitio.
La autoridad, en este caso, asumió el problema con la firmeza que ameritaba, pero también con el cuidado de no maltratar a nadie, utilizando en primer lugar la herramienta del diálogo. Los ocupantes lo rechazaron y procedió que lo tenía que pasar.
Hoy no hay condiciones como las que se vivieron en el pasado, cuando realmente no había forma de dar respuesta a la demanda de vivienda para miles de personas que llegaron para trabajar en la ciudad.
Recordemos:
Invasiones, casi un mal necesario en el pasado
A principios de 1993, en la víspera de un proceso electoral en el cual fue electo Mario Villanueva como gobernador y Carlos Cardín Pérez como presidente municipal, varios miles de familias invadieron, sistemáticamente y con un cronograma bien establecido, numerosas hectáreas del ejido de Isla Mujeres.
Fue la última gran invasión, pues antes a finales de la década de los 80, también se registró una ocupación de tierras en breña en lo que ahora son las regiones 70´s y de la 100 a la 103.
El contexto de esos actos precaristas se dio cuando Cancún carecía de “fundo legal”, que es sencillamente un área de amortiguamiento para el crecimiento de la mancha urbana. La ciudad no tenía, legalmente, terrenos para dar respuesta a la demanda de vivienda y eso presionaba al mercado de venta y renta de inmuebles.
Fue durante largo rato que se mantuvo esa situación, y los efectos eran obviamente escasez de vivienda y un encarecimiento desproporcionado en el mercado, sea para habitaciones en arrendamiento o en venta.
La imparable migración hacia este destino turístico y el contexto anterior y, sin obviar la ambición de políticos, líderes de colonos y ejidatarios, hicieron la “tormenta perfecta” para que Cancún registrara una explosión de tierras ejidales.
Pero esos tiempos quedaron atrás cuando, finalmente, el Instituto de Vivienda en Quintana Roo (Infovir), antes Instituto para la Vivienda en Quintana Roo (Inviqroo), legalizaron grandes extensiones de tierras que se entregaron a desarrolladores diversos, para la oferta de decenas de miles de casas de interés social.
Incluso, desde finales del 2008, cuando inició la crisis económica que apenas está terminando, el inventario de viviendas en renta o en venta aumentó hasta en un 16 por ciento, de acuerdo con datos de la propia Asociación de Profesionales Inmobiliarios (Ampi), de manera que es injustificable usar como argumento que no hay viviendas para dar respuesta a la demanda.
Lo que sobran actualmente son, precisamente, desarrollos de habitaciones de interés social, muchas de las veces con nuevos incentivos para su adquisición. El Instituto de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), ofrece ahora la posibilidad de obtener un crédito para una casa a personas sin salarios fijos. A propineros, por ejemplo.
Por eso es indefendible en la actualidad que algunas personas opten por invadir terrenos para hacerse de una vivienda. Y es, en todo caso, encomiable que se haya protegido el derecho del o los legítimos propietarios de un terreno. Qué bien que se acabó ese periodo de la “ley de la jungla” en la ciudad.
Violencia, accidentes y alcohol, una marca de Cancún
El Hospital General de Cancún está en vías de ser sustituido con un nuevo inmueble, moderno y más amplio, para dar respuesta a las crecientes necesidades de esta ciudad, cuyo aumento poblacional vía la migración está intrínsecamente relacionada con su capacidad para dar empleos.
Sin embargo, hay un fenómeno que se debe tomar en cuenta y, sin duda, por parte de varias dependencias en algún proyecto multidisciplinario.
Ocurre que los fines de semana, sólo entre el viernes y el domingo, el actual Hospital General registra hasta 700 solicitudes de consulta en su área de urgencias, de las cuales hasta un 40 por ciento corresponden a lesionados en riñas, accidentados, sobre todo en incidentes vehiculares, y en más de un 90 por ciento de los casos está presente el consumo de alcohol.
Es un dato para tomarse en cuenta y para emprender medidas de prevención e información. (@Antoniocallejo)
