CIUDAD DE MÉXICO.— Una serie de intentos no autorizados para restablecer las contraseñas de las cuentas en X de periodistas mexicanos encendió las alertas sobre la seguridad digital de quienes investigan y difunden información relacionada con política, corrupción, seguridad y crimen organizado.
Entre los comunicadores que reportaron movimientos irregulares se encuentran Héctor de Mauleón, Itzel Cruz Alanís, Leticia Robles de la Rosa, Luis Chaparro, Ricardo Ravelo, Eliud Tapia y Jorge García Orozco. También fue mencionado el perfil del comunicador Chumel Torres.
De Mauleón informó que desde las 7:00 horas del martes comenzó a recibir notificaciones sobre solicitudes para modificar la contraseña de su cuenta. En una captura difundida públicamente se observaban al menos siete peticiones que, aseguró, nunca realizó.
El episodio llamó particularmente la atención porque ocurrió un día después de que el periodista publicara información sobre una reunión de Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con Daniel Asaf y varios empresarios en un restaurante de la colonia Condesa.
La cercanía temporal entre ambos acontecimientos alimentó cuestionamientos, pero hasta el momento no existen pruebas que permitan establecer una relación entre la publicación periodística y los intentos de recuperación de la cuenta.
Durante la misma jornada, otros periodistas informaron que recibieron avisos similares. La coincidencia resulta inquietante porque varios de ellos cubren asuntos sensibles y publican investigaciones sobre personajes con poder político o económico.
Lo documentado hasta ahora son solicitudes de restablecimiento de contraseña iniciadas por terceros. No hay evidencia pública de que las cuentas hayan sido vulneradas ni elementos suficientes para asegurar que se trató de una operación coordinada contra el gremio periodístico.
La diferencia es importante: intentar recuperar una contraseña no significa necesariamente haber ingresado a una cuenta. Sin embargo, la repetición simultánea del mecanismo contra numerosos comunicadores tampoco puede reducirse, sin una revisión seria, a una simple casualidad.
El episodio exhibe la vulnerabilidad que enfrentan los periodistas fuera de las redacciones. Las amenazas contra la libertad de expresión ya no se limitan a agresiones físicas, presiones políticas o demandas judiciales; también alcanzan los espacios digitales donde se publican investigaciones, se resguardan contactos y se mantiene comunicación con las audiencias.
La protección de las cuentas personales y profesionales se ha convertido en una condición indispensable para ejercer el periodismo. Cualquier intento de intimidación, vigilancia o intervención ilegal representa una amenaza no solamente contra un comunicador, sino contra el derecho de la sociedad a recibir información.
Los reportes públicos obligan a esclarecer quién promovió las solicitudes, si tuvieron un origen común y cuál fue su propósito. Mientras no exista una explicación verificable, la coincidencia mantendrá abierta una pregunta incómoda: ¿quién está interesado en acceder a las cuentas de periodistas que investigan al poder?
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