Querétaro.— En medio de la creciente preocupación por una eventual infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, lanzó una propuesta que coloca presión directa sobre los partidos políticos: someter a quienes aspiren a una candidatura a controles especiales para impedir que personajes vinculados con organizaciones criminales lleguen a las boletas electorales.
El mandatario convocó a los ocho partidos políticos con registro en Querétaro a establecer un Protocolo Único Antinarcocandidatos, bajo la premisa de cerrar el paso a cualquier aspirante que mantenga vínculos con la delincuencia organizada.
La propuesta llega cuando el debate sobre los llamados “narcocandidatos” dejó de ser únicamente una confrontación discursiva entre partidos. A nivel federal ya se ha impulsado la creación de mecanismos para verificar la integridad de las candidaturas rumbo a 2027, mientras consejeros del INE han advertido sobre la necesidad de establecer reglas para su funcionamiento.
Un filtro que va más allá del discurso
El planteamiento de Kuri contempla que antes del registro de una candidatura los aspirantes presenten una declaración denominada “6 de 6”: situación patrimonial —incluidas propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero y criptomonedas—, situación fiscal, posibles conflictos de interés, antecedentes penales, obligaciones alimentarias y una prueba negativa de consumo de drogas.
Pero el gobernador queretano quiere ir todavía más lejos.
Los aspirantes también tendrían que someterse a un examen de control de confianza mediante polígrafo, aplicado por una institución independiente e imparcial con acreditación internacional. Además, propone que un organismo externo revise la congruencia entre las declaraciones presentadas y el patrimonio real de cada candidato.
“Vamos, sociedad, partidos y gobierno, a poner un muro para que ningún delincuente pueda postularse para un cargo de elección popular”, sostuvo Kuri.
El mensaje político: que los partidos respondan por sus candidatos
La propuesta tiene una lectura que rebasa las fronteras de Querétaro: obliga a los partidos a discutir hasta dónde están dispuestos a responsabilizarse por las personas que postulan.
Porque el problema no termina cuando un partido asegura desconocer los antecedentes de uno de sus candidatos. Si existen herramientas institucionales para revisar patrimonio, antecedentes y posibles factores de riesgo antes de entregar una candidatura, la pregunta inevitable es por qué no utilizarlas.
El propio gobierno federal ha reconocido la necesidad de revisar a quienes pretendan competir por cargos públicos. En febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que debe existir mayor fiscalización de los recursos utilizados en campañas y una investigación de candidatos y candidatas de todos los partidos, con participación de instituciones federales y locales.
2027 pone al crimen organizado en la agenda electoral
La batalla política rumbo a 2027 ya no estará concentrada únicamente en encuestas, alianzas y candidaturas. La integridad de quienes aparezcan en las boletas amenaza con convertirse en uno de los grandes temas de la contienda.
El desafío, sin embargo, será garantizar que estos mecanismos no se transformen en instrumentos de persecución política, filtraciones selectivas o descalificaciones sin pruebas. Un verdadero blindaje electoral necesitará reglas objetivas, autoridades imparciales, garantías de debido proceso y criterios aplicables por igual a todos los partidos.
La propuesta de Querétaro coloca ahora una pregunta incómoda sobre la mesa nacional: si los partidos aseguran que sus candidatos no tienen vínculos criminales, ¿estarían dispuestos a someterlos a controles extraordinarios y hacer públicos los resultados?
Kuri ya lanzó el reto.
Ahora toca saber quién acepta someterse al escrutinio y quién prefiere mantener cerrada la puerta de sus candidaturas.
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