Ciudad de México. El avance del crimen organizado en Michoacán dejó de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en un riesgo para la economía nacional y la relación comercial con Estados Unidos, luego de que la violencia en regiones productoras provocara nuevas alertas sobre la estabilidad de las exportaciones mexicanas.
La creciente presencia de grupos criminales en zonas agrícolas ha derivado en la suspensión temporal de inspecciones sanitarias estadounidenses indispensables para exportar productos como el aguacate, una medida que afecta a productores, empacadores, transportistas y miles de empleos vinculados al comercio exterior.
El escenario incrementa la presión sobre las autoridades mexicanas, ya que Washington ha dejado claro que el combate a los cárteles también es un asunto económico y comercial, al considerar que el control territorial ejercido por organizaciones criminales pone en riesgo las cadenas de suministro y la certidumbre para las inversiones.
Especialistas advierten que mientras el crimen organizado mantenga capacidad para extorsionar productores, controlar regiones estratégicas e intimidar a autoridades y empresarios, la confianza de los socios comerciales de México podría deteriorarse y derivar en nuevas restricciones que afectarían sectores clave de la economía.
La situación en Michoacán refleja cómo la inseguridad ya rebasa el ámbito policial y comienza a tener consecuencias directas sobre el comercio internacional, colocando a la seguridad pública como un factor determinante para preservar la competitividad del país frente a su principal socio comercial.
