Ciudad de México.- La discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre tierras ejidales en Mérida, Yucatán, terminó convertida en un debate nacional luego de que la ministra Loretta Ortiz afirmara en sesión que el concepto “all inclusive” significa que no se permiten mexicanos en hoteles, frase que provocó críticas por su carga discriminatoria y por revelar una preocupante confusión en torno a una de las modalidades turísticas más comunes del país.
El señalamiento ocurrió en medio del análisis de asuntos relacionados con la restitución de tierras ejidales, donde núcleos agrarios reclaman la recuperación de superficies que consideran ocupadas indebidamente por particulares.
La frase no es menor. En un país donde el turismo representa una de las actividades económicas más relevantes, afirmar que “all inclusive” implica excluir mexicanos no sólo resulta jurídicamente impreciso, sino socialmente delicado. El término se refiere a un esquema de hospedaje con servicios incluidos, no a una prohibición de acceso por nacionalidad.
El fondo del caso, sin embargo, va más allá del tropiezo verbal. La Corte discute asuntos que pueden impactar la protección de la propiedad social, el alcance del artículo 27 constitucional y la forma en que los tribunales deben revisar conflictos agrarios frente a intereses inmobiliarios, turísticos y privados.
Desde la óptica jurídica, el debate obliga a una pregunta central: ¿puede una controversia sobre tierras ejidales analizarse con ligereza cuando están en juego derechos colectivos, posesión histórica y patrimonio social?
La propiedad ejidal no es una mercancía ordinaria. Tiene origen constitucional, protección agraria especial y una función social que exige rigor técnico, perspectiva histórica y sensibilidad institucional. Por eso, cualquier resolución que toque tierras ejidales debe ser revisada con extremo cuidado, sin simplificaciones ni frases desafortunadas que distraigan el fondo del problema.
La polémica expone una tensión mayor: mientras comunidades agrarias reclaman justicia sobre territorios que consideran indebidamente ocupados, el modelo turístico e inmobiliario sigue presionando zonas de alta plusvalía en la Península de Yucatán.
El mensaje es claro: el país necesita una Corte que entienda el peso jurídico de la tierra social y que no reduzca los conflictos agrarios a tecnicismos procesales o expresiones ajenas a la realidad turística y constitucional de México.
Más que una frase equivocada, el episodio deja una advertencia: cuando se discuten tierras ejidales, se discute también justicia social, memoria histórica y límites al poder económico sobre el territorio.
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