Puerto Morelos, Quintana Roo.— Vicente de Jesús Franco Reyes intenta colocarse en el papel de víctima, pero su carta pública no contesta lo esencial: los expedientes, oficios y señalamientos documentales que hoy ponen en duda su frustada aspiración política dentro de Morena.
El exdirector de Patentes de Quintana Roo y pretendido aspirante a la candidatura por la alcaldía de Puerto Morelos recurrió al relato familiar, a la memoria de sus abuelos y al discurso del “trabajo comunitario” para defenderse de los señalamientos publicados en su contra. Sin embargo, su respuesta evita el punto central: no aclara los hechos documentados ni desmiente con pruebas las irregularidades que se le atribuyen.
De acuerdo con una investigación publicada por diversos medios de comunicación, bajo el título “Morena y sus estatutos que incumple Vicente Franco, exfuncionario estatal”, Franco Reyes enfrenta señalamientos que chocan con los principios y filtros internos de Morena, entre ellos una carpeta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo y una solicitud judicial para su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios y Morosos del Estado.
Según dicha investigación, Vicente Franco estaría relacionado con la carpeta FECC/QROO/DN/214/12/2025, en la que se indaga la autorización de permisos provisionales para la venta y consumo de bebidas alcohólicas por cantidades que habrían oscilado entre 50 mil y 200 mil pesos. El punto delicado es que esos actos, de acuerdo con lo publicado, se habrían realizado cuando Franco Reyes se encontraba con licencia sin goce de sueldo, por lo que no estaría habilitado para ejercer actos administrativos.
El medio también refiere el oficio SEFIPLAN/OM/DGCH/DARH/DGTSS/246/2025, documento que habría confirmado su condición administrativa durante ese periodo. Si esto es así, la pregunta es directa: ¿con qué facultades habría intervenido Vicente Franco en autorizaciones relacionadas con permisos de alcohol?
Esa pregunta no fue contestada en su carta.
Franco habló de su abuela Sofía, partera del pueblo; de su abuelo Hilario; de su tío Agustín Franco; de apoyos comunitarios; de despensas, medicamentos, materiales de construcción y ayuda a jóvenes estudiantes. Todo eso puede formar parte de su historia personal, pero no responde a una carpeta anticorrupción ni explica la emisión de permisos mientras estaba separado temporalmente del cargo.
La investigación va más allá. Señala que las autoridades indagan si existieron dádivas o beneficios indebidos para la expedición de esos permisos, presuntamente otorgados a centros nocturnos, bares y cantinas, algunos de ellos asegurados después de hechos violentos, ataques armados, homicidios o investigaciones por actividades delictivas como la trata de personas.
El señalamiento es grave: los permisos habrían permitido que establecimientos asegurados reabrieran bajo otro nombre o razón social, pero en el mismo domicilio y bajo condiciones similares. En otras palabras, se trataría de un mecanismo administrativo para dar oxígeno a negocios marcados por la violencia o bajo investigación por trata de personas.
Eso tampoco fue aclarado por Vicente Franco.
En lugar de explicar si firmó, autorizó, gestionó, ordenó o intervino en esos permisos, el aspirante eligió hablar de “campañas de desprestigio” y de supuestos adversarios que “gastan millones” para atacarlo. Pero acusar una campaña no basta. Cuando existen carpetas, oficios y referencias judiciales, la defensa no puede ser sentimental: tiene que ser documental.
Otro punto que Franco Reyes no enfrentó de manera directa es la solicitud para ser inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios y Morosos del Estado de Quintana Roo. De acuerdo con la publicación citada, existe una resolución para que sea inscrito, relacionada con el oficio terminado en 1125/2025, que obra en el Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.
Para un aspirante a un cargo de elección popular, ese señalamiento no es menor. La deuda alimentaria no es un asunto privado sin relevancia pública. Cuando alguien pretende gobernar, su conducta frente a sus obligaciones familiares también habla de su integridad, su responsabilidad y su respeto a la ley.
Vicente Franco podrá interponer recursos, promover defensas o intentar revertir su inscripción, pero políticamente la pregunta ya está sobre la mesa: ¿puede Morena permitir que una persona señalada como deudora alimentaria morosa aspire a una candidatura bajo sus siglas?
La contradicción es evidente. Morena presume principios de honestidad, combate a la corrupción, defensa de las mujeres, protección de la infancia y rechazo a las prácticas del viejo régimen. Sin embargo, en Puerto Morelos podría enfrentar el costo político de abrirle la puerta a un aspirante rodeado de señalamientos graves.
La publicación del medio de comunicacion también refiere investigaciones y señalamientos por violencia familiar, tentativa de feminicidio y una orden de restricción en contra de Franco Reyes. Esos hechos deberán ser verificados y resueltos por las autoridades competentes, pero políticamente no pueden ignorarse, especialmente si el aspirante pretende competir bajo un partido que dice tener filtros contra la violencia y la corrupción.
La carta de Franco intenta convertir los cuestionamientos en ataques personales. Pero esa narrativa tiene un problema: nadie está cuestionando a sus abuelos, ni a su familia, ni a la gente que pudo haber recibido apoyos comunitarios. Lo que se cuestiona es su conducta pública, sus irregularidades administrativas, sus obligaciones familiares y su idoneidad para buscar una candidatura.
Ahí está la manipulación central: Vicente Franco cambia el tema. Lleva la discusión del terreno documental al terreno emocional. De los expedientes pasa a los recuerdos familiares. De los permisos de alcohol pasa a las despensas. De la deuda alimentaria pasa a los apoyos sociales. De la rendición de cuentas pasa al victimismo.
Pero una historia personal no borra una carpeta de investigación. Una carta emotiva no desactiva un oficio administrativo. Un discurso comunitario no responde por permisos irregulares. Y decir que una acusación es mentira no la convierte automáticamente en falsa.
Si Vicente Franco quiere desmontar los señalamientos, debe hacerlo con pruebas: presentar su situación administrativa real durante el periodo investigado; explicar si tuvo o no intervención en los permisos de alcohol; acreditar que no recibió dádivas; demostrar que no benefició a negocios asegurados o bajo investigación; comprobar su situación frente al Registro de Deudores Alimentarios; y aclarar ante la opinión pública el estado de los señalamientos por violencia familiar y orden de restricción.
Mientras eso no ocurra, su carta parece menos una defensa y más una estrategia de blindaje político.
Morena también tendrá que definirse. Si permite que Franco avance sin aclarar estos señalamientos, el partido corre el riesgo de mandar un mensaje demoledor: que sus estatutos sirven para el discurso, pero no para depurar aspirantes incómodos.
Puerto Morelos no necesita candidatos que se refugien en cartas sentimentales. Necesita aspirantes que respondan con documentos, con transparencia y con responsabilidad pública.
La presunción de inocencia debe respetarse, pero no puede usarse como cortina para evadir explicaciones políticas. Vicente Franco tiene derecho a defenderse; la ciudadanía tiene derecho a saber quién pretende gobernarla.
Las pruebas señaladas por la investigación periodística son concretas: la carpeta FECC/QROO/DN/214/12/2025; el oficio SEFIPLAN/OM/DGCH/DARH/DGTSS/246/2025; la solicitud de inscripción al Registro de Deudores Alimentarios y Morosos; el oficio terminado en 1125/2025 del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún; y los señalamientos por violencia familiar, tentativa de feminicidio y orden de restricción que deberán ser confirmados por las autoridades correspondientes.
La pregunta ya no es si Vicente Franco se siente atacado. La pregunta es si puede explicar, con documentos y no con lágrimas políticas, por qué Morena debería cargar con un aspirante señalado por corrupción, deuda alimentaria y violencia.
Porque en política, como en la justicia, no basta con decir “soy víctima”. Hay que probarlo.
