La crisis de violencia e infiltración criminal en Morelos escaló a un nuevo nivel luego de que investigaciones federales revelaran presuntas amenazas directas de integrantes del Cártel de Sinaloa contra la gobernadora Margarita González Saravia, a quien habrían exigido permitir el libre tránsito de drogas, la imposición de funcionarios y el control de recursos públicos.
De acuerdo con reportes derivados de investigaciones judiciales y órdenes de aprehensión contra alcaldes y funcionarios vinculados con grupos criminales, el operador identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder regional del Cártel de Sinaloa, habría encabezado las presiones contra autoridades estatales y municipales.
Las acusaciones exponen un escenario alarmante: el crimen organizado no solo disputaría el control del tráfico de drogas en Morelos, sino que además buscaría influir en nombramientos de funcionarios, manejo de presupuestos públicos y estructuras políticas municipales.
Las investigaciones federales señalan que células ligadas al grupo criminal habrían infiltrado al menos 11 gobiernos municipales desde 2021, utilizando estructuras oficiales para presuntas actividades de extorsión, lavado de dinero y control territorial.
El caso estalló días después de la reactivación de la llamada “Operación Enjambre”, encabezada por autoridades federales, que derivó en la captura de alcaldes y funcionarios públicos en Morelos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
La gravedad de las amenazas ha colocado nuevamente a Morelos en el centro de la atención nacional por la creciente expansión del narcotráfico y la presunta penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno.
Aunque la gobernadora Margarita González Saravia no ha detallado públicamente el alcance de las amenazas, el caso refleja el nivel de presión que actualmente ejercen grupos criminales sobre autoridades locales en distintas regiones del país.
La situación ocurre además en medio de un contexto nacional marcado por investigaciones internacionales contra redes financieras del Cártel de Sinaloa, sanciones de Estados Unidos y crecientes señalamientos sobre la relación entre estructuras criminales y actores políticos.
