La violencia criminal en Morelos alcanzó un nivel de degradación que ya ni siquiera distingue entre comerciantes, empresarios o transportistas. Ahora, según denunció la propia Iglesia católica, grupos delictivos están cobrando “derecho de piso” a familias simplemente por vivir en sus propias casas.
La denuncia fue realizada por el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, durante la Caminata por la Paz realizada en Morelos, donde lanzó un mensaje que retrata el nivel de control y terror que el crimen organizado ejerce sobre comunidades enteras.
El señalamiento se centró en Huautla, una de las zonas más marginadas del estado, donde, de acuerdo con el jerarca católico, grupos criminales comenzaron a imponer cuotas a familias humildes únicamente por permanecer en sus viviendas.
“Ya no cobran por un negocio, cobran por existir”, denunció el obispo al describir cómo organizaciones criminales buscan apropiarse del territorio mediante amenazas, miedo y extorsión sistemática contra pobladores que viven atrapados entre la pobreza y la violencia.
La situación habría escalado a tal punto que el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís tuvo que abandonar la comunidad tras recibir amenazas de muerte, dejando a la población sin uno de sus últimos referentes de apoyo social y espiritual.
Las declaraciones del obispo no sólo exhiben el deterioro de la seguridad en Morelos, sino también el avance territorial de grupos criminales que han convertido el miedo en mecanismo de control social. En varias regiones del estado, habitantes denuncian extorsiones, desapariciones, homicidios y desplazamiento forzado mientras las autoridades parecen rebasadas por la violencia.
Durante la movilización por la paz, miles de ciudadanos vestidos de blanco marcharon en Cuernavaca para exigir seguridad y denunciar el clima de terror que golpea a la entidad. Familias de desaparecidos, colectivos y organizaciones civiles se sumaron a una protesta marcada por el hartazgo social ante la expansión del crimen organizado.
La denuncia de la Iglesia terminó exhibiendo una realidad cada vez más cruda en diversas regiones del país: el narcotráfico y las organizaciones criminales ya no sólo disputan rutas, plazas o negocios ilegales; ahora buscan controlar comunidades completas, decidir quién puede vivir en ellas y quién debe pagar por seguir respirando en su propia tierra.
