Ciudad de México.— El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quedó nuevamente bajo presión política tras señalamientos sobre presuntos abusos de acoso sexual cometidos durante su paso por el Poder Judicial de Sinaloa, los cuales, según versiones periodísticas, habrían sido frenados no por las instituciones, sino por una advertencia atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada.
El señalamiento es grave no sólo por la acusación contra un senador de la República, sino por el fondo político que exhibe: una estructura institucional que habría sido incapaz de proteger a una presunta víctima y un poder criminal que, de acuerdo con la versión difundida, terminó imponiendo el freno que las autoridades no dieron.
De acuerdo con la información difundida, Inzunza habría mantenido conductas de hostigamiento contra una subordinada cuando ocupaba cargos dentro del Poder Judicial sinaloense. La presunta víctima habría buscado ayuda en distintos espacios políticos e institucionales, sin que existiera una respuesta eficaz para detener los abusos.
El episodio más delicado apunta a que la situación llegó hasta el entorno de “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, quien presuntamente ordenó poner fin al acoso. Tras esa intervención, el comportamiento de Inzunza habría cesado.
El caso golpea directamente al discurso de legalidad y protección a las mujeres dentro de Morena, pues Inzunza no es un actor menor: fue magistrado, secretario general de Gobierno de Sinaloa y actualmente ocupa un escaño en el Senado, además de ser considerado uno de los perfiles cercanos al grupo político del gobernador Rubén Rocha Moya.
La acusación abre una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una presunta víctima no encontrara protección en el Poder Judicial ni en la esfera política, pero sí una reacción efectiva desde un poder criminal?
Ese punto vuelve explosivo el caso. La versión no sólo habla de presunto acoso sexual, sino de la penetración simbólica y operativa del crimen organizado en la vida pública de Sinaloa, donde incluso conflictos de abuso de poder habrían sido contenidos por actores fuera del Estado.
Hasta ahora, Enrique Inzunza no ha dado una explicación pública suficiente sobre los señalamientos. Tampoco el grupo político que lo impulsó ha asumido una postura clara frente a una acusación que compromete la congruencia de Morena en materia de justicia, derechos de las mujeres y combate a la impunidad.
El silencio institucional agrava el costo político. En un país donde las denuncias de acoso sexual suelen enfrentar obstáculos, revictimización y pactos de protección, el caso Inzunza vuelve a exhibir la distancia entre el discurso oficial y la realidad de las mujeres que denuncian a hombres con poder.
El mensaje político es demoledor: si fue necesario que “El Mayo” pusiera el freno, entonces el problema no sólo es Inzunza; el problema es un sistema que habría permitido que el abuso creciera hasta que alguien fuera de la ley lo detuviera.
