La guerra contra el narcotráfico escaló a un nuevo nivel. La Casa Blanca lanzó una advertencia directa contra los cárteles mexicanos y contra los funcionarios públicos señalados de brindarles protección política, financiera o institucional, en una ofensiva que amenaza con sacudir las estructuras de poder vinculadas a Morena en distintos estados del país.
Durante la presentación de la nueva Estrategia Nacional Antidrogas 2026, el llamado “zar antidrogas” de la Casa Blanca dejó claro que Estados Unidos no piensa retroceder en su ofensiva contra las organizaciones criminales mexicanas, a las que ahora cataloga como organizaciones terroristas extranjeras.
El gobierno estadounidense advirtió que irá tras redes completas de protección política, operadores financieros y funcionarios presuntamente ligados a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, bajo una estrategia que incluye inteligencia, sanciones, presión diplomática, extradiciones y cooperación militar y tecnológica.
La tensión aumentó luego de que fiscales estadounidenses acusaran formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y figuras políticas vinculadas a Morena, de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Las investigaciones apuntan a supuesta protección institucional, filtración de información y apoyo político a operadores criminales.
Washington sostiene que los cárteles mexicanos representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense debido al tráfico masivo de fentanilo, metanfetaminas y armas. La nueva estrategia incluye presiones para aumentar decomisos, destruir laboratorios clandestinos y ejecutar más extradiciones de objetivos prioritarios.
La Casa Blanca también presumió operaciones recientes contra líderes criminales y afirmó que la inteligencia compartida con México permitió golpes relevantes contra estructuras del narcotráfico. Funcionarios estadounidenses anticiparon que vendrán más acciones regionales contra los cárteles y sus redes de protección política.
Mientras tanto, en México crece la presión política y diplomática. La oposición exige investigaciones profundas contra funcionarios morenistas señalados por Estados Unidos, mientras el gobierno federal insiste en que las acusaciones deben sustentarse con pruebas contundentes antes de proceder judicialmente.
La ofensiva estadounidense abre un nuevo capítulo en la narcopolítica mexicana, donde ya no sólo están en la mira los jefes criminales, sino también quienes, desde el poder, habrían permitido su expansión.
