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Narcopolítica bajo sospecha: así habría operado el Cártel de Sinaloa para imponer a Rocha Moya en la gubernatura

Por La Palabra del Caribe

30 abril, 2026
en Nacional
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La acusación es directa y explosiva: autoridades de Estados Unidos sostienen que el Cártel de Sinaloa no solo traficó drogas, sino que intervino de forma activa en la política mexicana para colocar a Rubén Rocha Moya en el poder.

De acuerdo con la investigación del Distrito Sur de Nueva York, la estructura criminal —particularmente la facción de “Los Chapitos”— habría operado una red de presión, financiamiento y control territorial durante el proceso electoral de 2021, con el objetivo de garantizar el triunfo del actual gobernador.

El mecanismo: dinero, intimidación y control territorial

La indagatoria describe un esquema típico de narcopolítica:

Sobornos sistemáticos a funcionarios, con pagos mensuales de alto nivel.

Intimidación y secuestro de actores políticos rivales, debilitando la competencia electoral.

Control territorial en zonas clave para influir directamente en el resultado de la elección.

El patrón apunta a una intervención estructurada del crimen organizado en el proceso democrático.

El pacto: protección a cambio de poder

Según los señalamientos, el supuesto acuerdo no terminaba en la elección. Una vez en funciones, Rocha Moya y su entorno habrían:

Facilitado operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Alertado a la organización criminal sobre operativos de seguridad.

Permitido la operación delictiva bajo un esquema de impunidad institucional.

A cambio, el grupo criminal consolidaba sus rutas de trasiego de cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense.

Un caso que escala a nivel internacional

El caso ya tiene implicaciones mayores:

Autoridades estadounidenses han formalizado cargos por narcotráfico y conspiración.

Las penas contempladas van de largas condenas hasta cadena perpetua.

Se mantiene sobre la mesa una posible solicitud de extradición.

El mensaje es contundente: el enfoque ya no solo está en capos, sino en funcionarios en activo señalados por vínculos con el crimen organizado.

Rocha Moya responde

El gobernador ha rechazado los señalamientos, calificándolos como acusaciones sin sustento y con trasfondo político.

La lectura de fondo

Lo que exhibe este caso es un fenómeno más profundo: cuando el crimen organizado financia campañas, presiona estructuras políticas y controla territorios, la frontera entre gobierno y cartel se vuelve difusa.

Y en ese escenario, el poder deja de responder a la ciudadanía para alinearse con intereses criminales.

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