Ciudad de México.— El discurso de la “transformación” en el Poder Judicial acaba de estrellarse con la realidad. La jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, identificada dentro del grupo de las llamadas “juezas del bienestar”, fue suspendida de su cargo luego de otorgar prisión domiciliaria al presunto feminicida de Maciel Alejandrina, un caso que ha desatado indignación nacional.
La decisión no fue menor: la juzgadora concedió un amparo que permitió al acusado abandonar el reclusorio y enfrentar el proceso desde su casa, bajo el argumento de que había excedido el plazo constitucional de prisión preventiva.
El problema es el contexto. Se trata de un feminicidio brutal ocurrido en 2019, con un proceso judicial que llevaba años avanzando y con una familia que sigue exigiendo justicia. Aun así, la resolución abrió la puerta para que el imputado dejara la cárcel, detonando protestas y una queja formal ante instancias disciplinarias.
La respuesta institucional llegó tarde, pero llegó: el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión temporal de la jueza, apenas siete meses después de haber asumido el cargo tras el proceso de elección judicial.
El caso expone una contradicción incómoda. Las figuras impulsadas bajo el discurso de renovación —las llamadas “juezas del bienestar”— prometían cercanía con las víctimas y una justicia con perspectiva social. Sin embargo, este fallo exhibe lo contrario: una resolución que, en los hechos, benefició al presunto agresor y dejó en vulnerabilidad a la familia de la víctima.
Más aún, la defensa de la familia ha señalado irregularidades graves en la decisión judicial, incluyendo la falta de medidas de protección y la omisión del contexto de violencia extrema en el que ocurrió el crimen.
El fondo del asunto no es solo jurídico, es político. La suspensión de Aneshuarely Amarande Riojas Orozco se convierte en el primer golpe visible contra el experimento de elección de jueces: un modelo que prometía legitimidad social, pero que ahora enfrenta cuestionamientos por la capacidad y criterio de quienes llegaron al cargo.
El mensaje es contundente: cuando la justicia falla en casos de feminicidio, no hay narrativa que la sostenga. Y en este caso, el costo político ya comenzó a cobrarse.
