La elección judicial reciente dejó al descubierto una práctica que erosiona el Estado de derecho: los gobernadores colocaron a jueces y magistrados a su conveniencia, por encima de criterios de preparación y mérito. Así lo sostuvo el senador Javier Corral, quien advirtió que el país enfrenta hoy las consecuencias de una justicia contaminada por intereses políticos.
Desde la Comisión de Justicia del Senado, Corral fue directo: mandatarios estatales “se despacharon con la cuchara grande” en la designación de perfiles, aprovechando el rediseño del sistema para influir en la integración de órganos jurisdiccionales. El señalamiento no distingue colores partidistas; apunta a una práctica extendida que, según dijo, debilitó la calidad técnica de quienes ahora imparten justicia.
La advertencia es grave. Si los jueces deben su nombramiento a acuerdos políticos locales, su independencia queda en entredicho. La división de poderes se desdibuja cuando el Ejecutivo estatal logra incidir en quién interpreta y aplica la ley. No es un detalle administrativo: es un problema estructural.
Corral sostuvo que en varias entidades ya se observan fallas en la operación judicial derivadas de perfiles sin la experiencia necesaria. El impacto no es abstracto: resoluciones inconsistentes, decisiones vulnerables y tribunales sometidos a presiones políticas minan la confianza ciudadana.
El fondo del debate es incómodo pero ineludible. La reforma judicial prometía fortalecer la legitimidad y profesionalización del sistema; sin embargo, en la práctica habría abierto espacios para la injerencia política directa. El resultado es una justicia con menor blindaje institucional frente a los poderes locales.
La acusación coloca en el centro una pregunta clave: ¿quién controla realmente la puerta de entrada al Poder Judicial? Si la respuesta es el poder político regional, la independencia judicial deja de ser principio y se convierte en discurso.
En un contexto de inseguridad, impunidad y polarización, el país necesita jueces con autonomía, trayectoria y rigor técnico, no operadores alineados a proyectos de gobierno. Lo contrario implica una justicia subordinada, y una democracia con contrapesos debilitados.
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