En la sierra de Concordia, Sinaloa, el horror no solo deja cuerpos: deja versiones. Y hoy el caso de los mineros secuestrados y posteriormente localizados sin vida se está contando con dos narrativas que chocan de frente. Una, la oficial. Otra, la que circula como trascendido y que, por incómoda, no se menciona en los boletines.
La versión del gobierno, expuesta por Omar García Harfuch, plantea que el grupo de Los Chapitos los habría confundido con gente vinculada a Los Mayos, es decir, con un grupo antagónico. Bajo ese enfoque, el hecho sería consecuencia de la lógica brutal del narco: levantar primero, preguntar después. Y para rematar el cierre institucional, se agrega un dato que funciona como candado: “no había denuncia” de la minera por amenazas o extorsión. En otras palabras: no existe antecedente formal que sugiera que la empresa estuviera bajo presión previa.
Pero la sierra no opera con sellos ni oficios. Opera con miedo.
La otra versión —extraoficial, sin confirmación en una investigación pública, pero insistente— pinta un escenario distinto: que el secuestro y el asesinato estarían ligados al cobro de “cuota”. Que había pagos mensuales asumidos como rutina clandestina y que el detonante fue una exigencia desmedida: no solo aumentar el monto, sino imponer un cobro brutal, incluso un porcentaje de la producción. Según ese trascendido, la negativa habría provocado el levantón; después, la tortura; y finalmente, la ejecución. Un mensaje para todos los demás: aquí se paga o se muere.
El contraste no es menor: en la versión oficial, el móvil es una confusión entre facciones. En la versión que corre en la región, el móvil es un negocio: la extorsión como impuesto real de la sierra.
Y justo ahí está el problema: la explicación de Harfuch suena más a control de daños que a verdad completa. Porque “no había denuncia” no significa “no había extorsión”. Significa, en el mejor de los casos, que nadie quiso dejar huella. Y en el peor, que el sistema está diseñado para negar lo que todo mundo sabe: que la economía criminal no siempre se impone a balazos; muchas veces se administra con cuotas, silencios y acuerdos forzados.
La pregunta de fondo es simple y venenosa: ¿cómo desaparecen trabajadores de una operación minera sin que exista un contexto previo de riesgo reconocido? ¿De verdad fue una confusión aislada entre Los Chapitos y Los Mayos, o se está evitando abrir la caja negra de lo que cuesta operar en territorio capturado?
Porque si el trascendido es falso, la autoridad debería desmontarlo con hechos: líneas de investigación claras, detenidos con peso real, pruebas sólidas y un relato verificable. Pero si es verdadero —aunque sea en parte— la versión oficial solo serviría para una cosa: maquillar el tamaño de la podredumbre.
En Concordia, la gente entiende lo que el boletín no dice: que cuando el crimen cobra piso, no cobra solo dinero. Cobra obediencia. Cobra miedo. Cobra vidas. Y cuando el Estado sale primero a “explicar” antes de esclarecer, no informa: administra la crisis.
Por ahora, quedan dos certezas. La primera: hay familias destrozadas. La segunda: en la sierra, la verdad rara vez cabe completa en una versión oficial.
