La mandataria, que durante semanas negó tajantemente cualquier operación aérea militar extranjera en territorio nacional, terminó por admitir lo que ya era inocultable: aviones militares de Estados Unidos han realizado vuelos sobre México. El reconocimiento llega tarde, presionado por la evidencia visual que contradijo la versión oficial y que obligó al gobierno a aceptar públicamente lo que antes calificaba como “rumores”.
La presidenta había sostenido una postura evasiva, asegurando que no existían operaciones de esa naturaleza. Sin embargo, la difusión de imágenes y testimonios corroborados derrumbó el discurso gubernamental, dejando al descubierto una realidad que la administración prefería mantener fuera del debate público.
La confirmación abre un frente político incómodo. La sociedad exige saber:
- ¿Quién autorizó estos vuelos?
- ¿Existe un acuerdo bilateral formal o se trata de una práctica discrecional?
- ¿Qué implicaciones tiene esto para la soberanía nacional?
La admisión no vino acompañada de transparencia ni de un mensaje que despeje dudas. Por el contrario, se instaló un clima de desconfianza al no ofrecerse una explicación clara sobre los alcances, la legalidad y los motivos detrás de estos sobrevuelos militares.
En un país que ha insistido en mantener el control soberano de su seguridad nacional, la revelación golpea directamente la narrativa oficial y abre cuestionamientos sobre la independencia con la que se toman decisiones de alto nivel.
El silencio ya no es opción. Si el gobierno reconoce los vuelos, ahora debe explicar su origen, su justificación y sus consecuencias para México. Porque la pregunta ya no es si ocurrieron, sino hasta dónde llega el acuerdo que permitió que fuerzas militares extranjeras operaran en nuestro espacio aéreo.
