Ciudad de México / Riviera Maya.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará uno de los casos más controversiales de los últimos años: la presunta apropiación cultural por parte de Grupo Xcaret de símbolos, rituales y expresiones del pueblo maya. El máximo tribunal decidirá si la empresa podrá seguir utilizando elementos culturales de las comunidades originarias en sus parques y espectáculos turísticos o si deberá cesar estas prácticas por violar derechos colectivos.
El litigio se remonta a 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo acusó a Xcaret de explotar con fines comerciales el patrimonio cultural sin el consentimiento de las comunidades. En su denuncia, los representantes mayas señalaron el uso indiscriminado de rituales, atuendos, cantos, lenguas y símbolos sagrados como parte de los espectáculos turísticos, sin reconocimiento ni beneficio alguno para las comunidades que los originaron.
En 2023, las autoridades federales determinaron que existían indicios de violación a la legislación que protege los derechos culturales de los pueblos indígenas. Sin embargo, Xcaret interpuso un amparo que le permitió mantener sus actividades mientras el caso se resolvía. Esa suspensión es la que ahora revisará la Suprema Corte, en un proceso que podría sentar precedente histórico en materia de derechos colectivos.
Para las comunidades mayas, el caso representa una lucha por la dignidad, la memoria y la soberanía cultural frente a la apropiación empresarial que —aseguran— convierte su identidad en mercancía. “Nuestros símbolos no son un espectáculo, son parte de nuestra vida espiritual y de nuestra historia”, expresaron líderes comunitarios durante las audiencias.
Del otro lado, la empresa sostiene que su trabajo busca promover la cultura mexicana y preservar tradiciones mediante experiencias turísticas de alto valor. No obstante, especialistas en derecho cultural advierten que el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas es un requisito indispensable para cualquier uso comercial de su patrimonio.
El fallo de la Corte marcará un parteaguas en la relación entre el turismo y los pueblos originarios. Si se confirma la violación a los derechos culturales, ninguna empresa podrá usar rituales, tradiciones o símbolos indígenas sin autorización expresa, lo que obligará a replantear el modelo de explotación turística en regiones como Quintana Roo y la Riviera Maya.
Más allá de Xcaret, el caso pone sobre la mesa un debate profundo: ¿quién se beneficia realmente del legado cultural de los pueblos originarios y quién debe decidir sobre su uso? La respuesta, que emergerá del máximo tribunal del país, podría redefinir el equilibrio entre desarrollo económico y respeto a la identidad de los pueblos mayas.
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