A nueve días del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la indignación política y social continúa creciendo. En una enérgica intervención desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, integrante del llamado Movimiento del Sombrero, lanzó duras acusaciones al señalar que el edil fue asesinado por haber “tocado intereses de políticos y criminales”.
Durante la sesión de este martes, Mendoza Arias sostuvo que el crimen no puede desvincularse del abandono institucional que enfrentan los servidores públicos honestos en regiones donde el poder político y el crimen organizado se entrelazan. “A mi líder, Carlos Manzo, el gobierno lo abandonó como a millones de mexicanos. Él, que siempre se preocupó por su pueblo, no encontró apoyo de nadie para dar continuidad y respuesta a las personas que solicitaban su ayuda”, expresó con firmeza.
La diputada lamentó que, pese a la gravedad del homicidio, las autoridades federales y estatales no hayan esclarecido el caso ni mostrado avances concretos en la investigación. “La muerte de Carlos no fue un hecho aislado, fue un mensaje. Tocó intereses, y eso en este país se paga con la vida”, sentenció.
El pronunciamiento de Mendoza Arias revive el debate sobre la creciente vulnerabilidad de los liderazgos locales frente a estructuras criminales y redes de complicidad política. En Uruapan, la población ha salido a las calles en reiteradas ocasiones para exigir justicia, mientras el Movimiento del Sombrero —del cual Manzo fue uno de los principales impulsores— se consolida como un símbolo de resistencia civil y demanda de paz.
El caso de Carlos Manzo sigue estremeciendo al país y exhibe una herida abierta: la de los funcionarios y ciudadanos que, al intentar servir a su comunidad, terminan enfrentando solos la violencia y la impunidad.
