El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció una suspensión total de labores en todos los juzgados y tribunales federales del país el próximo 31 de octubre, en protesta por la falta de recursos, la precarización laboral y el incumplimiento de acuerdos salariales.
Reclamos y fondo del conflicto
El secretario general del sindicato, Juan Alberto Prado Gómez, informó que la decisión de parar actividades responde a una situación “insostenible” en los centros de trabajo, donde los empleados enfrentan escasez de insumos básicos, retrasos en el pago de retroactivos salariales y falta de mantenimiento en las instalaciones.
Los trabajadores denunciaron además la no sustitución de plazas vacantes, lo que ha generado sobrecarga laboral y afectaciones en la atención a los usuarios del sistema judicial. “No hay condiciones mínimas para laborar con dignidad”, señalaron en su pronunciamiento.
Impacto institucional
Durante la jornada de paro se mantendrán únicamente guardias para atender casos urgentes, mientras que el resto de los servicios quedarán suspendidos en juzgados y tribunales de todo el país.
La medida se considera una advertencia ante la falta de diálogo con las autoridades judiciales y administrativas, que —según el sindicato— no han dado respuesta a las demandas del personal que sostiene la operación diaria del sistema judicial.
Contexto político y antecedentes
El conflicto laboral ocurre en un contexto de tensión institucional tras las reformas judiciales impulsadas en 2024, que modificaron la estructura del Poder Judicial y generaron inconformidad entre magistrados, jueces y trabajadores administrativos.
Estas medidas, que incluyeron la elección popular de jueces y ministros, provocaron movilizaciones históricas en defensa de la autonomía del Poder Judicial y de los derechos laborales de sus empleados.
Consecuencias políticas y perspectivas
La suspensión de labores representa un nuevo desafío para el funcionamiento del sistema judicial federal y una señal de fractura entre la base trabajadora y la administración central del Poder Judicial.
De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, el paro podría derivar en una crisis operativa nacional, afectando la impartición de justicia en todos los niveles.
El sindicato advirtió que permanecerá abierto al diálogo, pero reiteró que la dignidad laboral no es negociable y que los trabajadores no permitirán más omisiones ni recortes que comprometan su labor en la defensa del Estado de Derecho.
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