Por Alfredo Morales
Chetumal, Quintana Roo. Trabajadores del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en esta ciudad, rompieron el silencio para denunciar las presuntas tropelías del magistrado Rafael Gómez Medina, recientemente asignado a Quintana Roo, quien enfrenta un historial de señalamientos por acoso sexual, hostigamiento laboral, discriminación y abuso de poder.
De acuerdo con los testimonios recabados, el funcionario ha reproducido en su nuevo cargo las mismas conductas que motivaron denuncias en su contra en otros estados. Empleados del tribunal aseguran que el magistrado ha instaurado un ambiente de miedo y sumisión, caracterizado por exigencias indebidas, comentarios misóginos, favoritismos descarados y represalias contra quienes se atreven a cuestionarlo.
La denuncia penal número FED/CHIH/0000914/2024, interpuesta en Chihuahua, da cuenta de que Gómez Medina despidió a la secretaria de Estudio y Cuenta, Olivia Rascón Carrasco, luego de que ella se negara a acceder a sus pretensiones sexuales cuando él fungía como magistrado en esa entidad.
Sin embargo, los abusos no se detuvieron ahí. En Quintana Roo, campesinos, funcionarios y empleados del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 se han sumado a las denuncias, señalando que el magistrado no atiende a los campesinos que acuden a las audiencias, pero sí otorga atención preferente a ciertos abogados y despachos con los que mantiene cercanía personal o política.
Además, se le acusa de emitir órdenes para negar el acceso a expedientes y ocultar información relevante, obstaculizando el derecho de las partes a una defensa justa y transparente.
“Nos trata con desprecio, grita a las mujeres y protege solo a los que le son útiles”, relató uno de los trabajadores consultados, quien pidió el anonimato por temor a represalias. Otros empleados afirman que el magistrado usa su cargo como herramienta de intimidación, amenazando con sanciones o traslados a quienes no acaten sus decisiones arbitrarias.
El nombramiento de Rafael Gómez Medina en Chetumal ha generado indignación y alarma dentro del sistema agrario. Litigantes y organizaciones campesinas advierten que su presencia representa un retroceso en la justicia social y exigen al Tribunal Superior Agrario revisar su traslado, investigar a fondo las denuncias y aplicar medidas cautelares que garanticen la integridad de las personas afectadas.
“En lugar de impartir justicia, vino a sembrar miedo”, expresó un campesino que acudió a denunciar irregularidades en un juicio agrario y fue ignorado por el magistrado.
El caso de Gómez Medina revela una vez más la falta de control interno y de rendición de cuentas dentro de los órganos agrarios, donde funcionarios con antecedentes de acoso y corrupción continúan siendo reubicados en nuevos cargos, a pesar de sus antecedentes documentados.
Trabajadores del tribunal aseguraron que continuarán documentando los abusos y, si es necesario, acudirán a instancias federales y organismos de derechos humanos para frenar lo que consideran un nuevo capítulo de impunidad institucional en Quintana Roo.
