A través de un comunicado, la presidenta del PAN en la entidad, Roxana Rubio Valdez, exigió a las autoridades realizar las investigaciones pertinentes para que se esclarezca el hecho, así como castigar a los responsables.
“En Acción Nacional lamentamos profundamente la muerte de nuestro compañero y amigo Romancito, desde aquí les enviamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos”, expresó.
Por su parte, el secretario general del PAN en Sinaloa, Luis Ángel Solano Guatimea, condenó el hecho y deseo una “pronta recuperación a su familia ante la irreparable pérdida”.
De igual forma, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió a las autoridades una investigación inmediata y que “se sancione a quien resulte responsable del hecho”.
Ante estos hechos, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, indicó que “es inaudito que el Ejecutivo federal no reconozca que enfrentamos una crisis de inseguridad”.
“Pedimos se garantice la seguridad para todos los actores políticos que participaremos en este proceso electoral. ¡Urge un gran acuerdo por la paz y la seguridad!”, escribió en redes sociales.
Asimismo, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, pidió el esclarecimiento del hecho y que se aplique “todo el peso de la ley”.
“Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Román Quezada Anduaga, secretario general del PAN en El Fuerte, Sinaloa”, escribió en redes.
Ayer, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el gobierno federal está encargado de brindarle seguridad a los candidatos a la presidencia de la República, a las nueve gubernaturas y al Congreso de la Unión, mientras que los gobiernos estatales son responsables de los aspirantes a un puesto de elección popular de carácter local.
La funcionaria federal también informó que hasta ayer lunes han recibido 23 solicitudes de protección de aspirantes.
“El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la presidencia de la República a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión, en tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local “, dijo en conferencia matutina.
Rodríguez dijo que por seguridad no pueden revelar en nombre de quienes han solicitado protección; sin embargo, precisó que, de las peticiones recibidas, tres corresponden a aspirantes a la presidencia, otras tres para gobiernos estatales, siete para el Senado y 10 para diputaciones federales.
