Una jueza federal con sede en el Reclusorio Norte vinculó a proceso a René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria (Segalmex) y ex apoderado legal de Liconsa, por lo que será enjuiciado por ejercicio ilícito del servicio público, al haber firmado un contrato por 700 millones de pesos para la adquisición de bonos bursátiles mediante el desvío de recursos públicos.
La audiencia de imputación fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Este es el segundo proceso penal que se instruye contra uno de los hombres más cercanos al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández.
El ex funcionario ya enfrenta desde abril de este año un primer proceso penal por haber autorizado la inversión de 100 millones de pesos en valores bursátiles con recursos públicos.
Gavira Segreste es señalado como probable responsable de diversas irregularidades en decenas de carpetas de investigación que integra la Fiscalía General de la República (FGR), por desvío de recursos que superan 12 mil millones de pesos del presupuesto ejercido entre 2019 y 2020.
Uso ilícito de atribucionesLa Femdo obtuvo vinculación a proceso en contra de Gavira “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad cuando el servidor público que ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico”.
De acuerdo con información obtenida de juzgados federales, René Gavira firmó un contrato de intermediación financiera para la adquisición de bonos bursátiles por 700 millones de pesos.Está acusado de haber violado, con esa operación, los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, utilizando su calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa.
Este nuevo proceso se relaciona con la continuidad de la contratación de una financiera y la compra de acciones de bolsa en el periodo 2019-2020.
La Femdo está a cargo del seguimiento de más de 39 denuncias presentadas por diversas instituciones en contra de funcionarios de Segalmex y empresas que obtuvieron contratos de manera irregular o no cumplieron con los acuerdos comerciales.
La audiencia de imputación se desahogó ante la jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte.
Tras decretarse la vinculación a proceso, la jueza fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. También impuso al procesado las medidas cautelares de firma quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, prohibición de salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana y de acercarse a los testigos.
