“¿Cómo podría ser residente de otro país, siendo dirigente de los maestros?”, dijo Elba Esther Gordillo. Llevaba más de dos años presa y aprovechó una audiencia judicial para reivindicar su liderazgo y pedirle a la Procuraduría General de la República (PGR) y a su verdugo en el Poder Judicial, el juez Alejandro Caballero Vértiz, que aplicaran la ley y no criterios políticos.
Gordillo hablaba desde el área médica del penal femenil de Tepepan, al sur de la ciudad, donde estaba recluida, en una videoconferencia con el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, en donde se centró gran parte de la batalla judicial de la “presidenta vitalicia” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ese 17 de agosto de 2015, la PGR argumentaba ante el juzgador por qué debía negarle la prisión domiciliaria. Se podría escapar al extranjero, donde tiene propiedades, le dijo el Ministerio Público federal al juez.
“Soy cien por ciento mexicana y mis visitas al extranjero eran breves y para descansar”, reviró la maestra. Y, directa, le pidió a la PGR: “Quisiera precisar con todo respeto al Ministerio Público tenga a bien aplicar la ley sin ningún sesgo político”. También se refirió al Poder Judicial y remató con una disculpa: “Perdón”.
Fue la primera vez, en los dos años y medio que llevaba en prisión, en que Gordillo Morales aludía públicamente a una persecución política. La PGR llegó a utilizar hasta razones de estabilidad social y de “la paz y la seguridad del Estado” en el proceso judicial que inició con la detención de Gordillo en febrero de 2013, cuando Enrique Peña Nieto apenas tenía tres meses de haber llegado a Los Pinos y se encaminaba a la aprobación de la reforma educativa, a la que ella había manifestado su rechazo.
Cinco años después, al final de su sexenio y devastado electoralmente, Peña Nieto sufrió el mayor revés político judicial de su gobierno, luego de que un Tribunal Colegiado descalificara las investigaciones de la PGR en el caso Ayotzinapa. Lo que al principio pareció un triunfo político de Peña sobre Gordillo, quien lo había desafiado a él y a su partido, terminó en un desastre más para la procuración de justicia en México.
Los autores del descalabro presidencial fueron dos de sus principales colaboradores: el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el entonces secretario de Hacienda y ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El primero, por insistir en un delito que no pudo demostrar en tribunales; el segundo, por proveer información sin autorización judicial. Fueron los dos argumentos que pesaron en la sentencia judicial que le dio la libertad a Gordillo el martes 7 de agosto.
La información sobre los movimientos financieros de Gordillo con el dinero del SNTE fue provista por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, a cargo en ese momento de Alberto Bazbaz, ahora director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En los cuatro años que estuvo a cargo de la inteligencia financiera, Bazbaz, procurador de Peña en el Estado de México, apenas interpuso 317 demandas por lavado de dinero, una cifra muy baja respecto a la dimensión del problema en México, evidenció en enero pasado el Grupo de Acción Financiera (Gafi), una organización intergubernamental en contra del lavado de dinero.
