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“¡Vuelvan a disparar a los heridos!”: así asesina la policía en México a sus enemigos

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En México, no solo los sicarios matan a sangre fría. También miembros del ejército y la policía federal posan el cañón sobre el pecho y ejecutan a presuntos delincuentes, ya rendidos e implorando clemencia. Unas formas que bien recuerdan a los escuadrones de la muerte patrocinados por los gobiernos en la guerras sucias de Centroamérica del último cuarto del siglo XX, o al mismo México en sus años de terror político en los sesenta y setenta. Hoy, como entonces, fuerzas del Estado se toman la licencia de ejecutar a presuntos enemigos. Y en ese saco caen tanto asesinos confesos como pequeños delincuentes. Incluso algún inocente, según han denunciado varias familias de gente ultimada en nombre de la ley.Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato son los últimos municipios de la infamia, sedes temporales del descenso a los infiernos de la violencia y la inseguridad. En esos tres lugares hay casi plena confirmación de que agentes policiales y soldados ejecutaron sumariamente a varias decenas de delincuentes cuando éstos estaban ya en el suelo y desarmados, para luego manipular la escena del crimen y simular que esos hombres cayeron en el intercambio de disparos. Sin embargo, las fotografías y los detalles son tan zafios que hay evidencias de las alteraciones por todas partes. Cadáveres descalzos y bocabajo, pechos y piernas abrasadas, cuerpos a decenas de metros del arma más cercana, orificios de bala en el cráneo. Las matanzas policiales se encadenan en los últimos meses y México suspira al comprobar que sus fuerzas de seguridad actúan exactamente igual que el cáncer criminal que intentan erradicar. Mientras, el gobierno respalda los crímenes de Estado con evasivas, ocultación de información y rotundas negativas de que ningún agente haya actuado fuera de la ley.

“Los agentes no pueden actuar como vengadores ni como justicieros porque los sitúa en un plano de ilegalidad similar al de quienes violentan la ley. Y aun cuando parte de la ciudadanía justificara la venganza privada, no es suficiente para que esos actos adquieran legitimidad”, advierte Antonio López Ugalde, especialista en seguridad, justicia y derechos humanos y miembro del Consejo Asesor del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). “El asesinato de civiles por parte de policías o militares se debe al ejercicio de legítima defensa, pero también a una visión de los altos mandos, según la cual estos civiles deben ser tratados como enemigos y, en última instancia, eliminados. Esta visión es inadmisible en un estado de derecho”.

Seguramente es lo que ocurrió en el último gran escándalo, ocurrido días atrás en un rancho de Tanhuato, Michoacán. Hasta 42 presuntos criminales cayeron en las inmediaciones de la casa, por solo una baja policial. Los agentes entraron con todo, los mismos policías que apenas unas semanas atrás habían visto volar por los aires un convoy que dejó 15 compañeros muertos. Son ya 45 los federales asesinados en apenas unos meses en ataques y emboscadas del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No es difícil imaginar pues la sed de venganza de los agentes federales en Tanhuato una vez rendidos y desarmados sus adversarios, presuntos miembros de ese cártel.

Exigir a los cuerpos de seguridad que respeten escrupulosamente los derechos humanos en situaciones de máxima tensión es uno de los objetivos más complicados en un estado de derecho. Sobre todo en aquellos países donde el crimen organizado campa a sus anchas. En México, ese objetivo está claramente fracasando. “Los estudios demuestran que el índice de letalidad a manos de la policía y las fuerzas armadas se ha incrementado mucho en los últimos años en México. Desde que los cuerpos militares han entrado en labores de seguridad pública se ha creado una gran confusión entre lo que es el mantenimiento del orden público y las lógicas de guerra, que parecen combinarse. No sólo aumenta el uso de la fuerza, sino también las violaciones a los derechos humanos”, apunta Alejandro Espriú, coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP). “Puede haber muchas hipótesis y suspicacias sobre por qué los agentes pueden llegar a asesinar, pero me parece que el eje central gira en torno a los mecanismos de control internos, que no están funcionando, y los externos, que ni siquiera existen en México”, continúa.

La brutalidad del crimen organizado ha radicalizado las posturas de los mandos policiales y militares mexicanos, en un discurso del “ojo por ojo” que amenaza con resucitar episodios de terror policial que parecían ya superados en el país. “El discurso de los altos mandos es que esos civiles son enemigos y pueden ser eliminados bajo el cobijo de la impunidad que garantizan las propias corporaciones del Estado”, indica López. “La falta de rigor, de profesionalización y de respeto a la ley son problemas crónicos en México. Sin embargo, la exacerbación de la violencia por agentes policiales o militares puede ser síntoma del relajamiento en el compromiso de los mandos superiores con el estado de derecho, un signo de que responden a una lógica belicista de eliminación del enemigo y no a lo que debería ser la prioridad: el control y la reducción de la violencia”.

La masacre de Tanhuato puede entenderse en clave de venganza, pero no la de Tlatlaya, perpetrada por soldados hace ahora once meses. Según el relato elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, ocho militares del 102º Batallón de Infantería que andaban en labores de reconocimiento se detuvieron frente a una bodega tras avistar a un vigilante armado. Eran las 4.20 de la madrugada. La versión oficial asegura que desde la bodega abrieron fuego y tuvieron que defenderse. Versiones alternativas, recabadas por la CNDH, sostienen que el intercambio de disparos duró entre cinco y diez minutos, y que “las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente”.

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