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Vinculan a proceso a Jorge Acevedo, ex director del SQSC por fraude

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Fueron vinculados a proceso Jorge Eugenio A. M., y Gerardo Antonio V. H., exdirector general y exdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, respectivamente, por los delitos de desempeño irregular de la función pública, por un daño al patrimonio por 743 millones 804 mil 052 pesos y 68 centavos.

Dicho recurso proviene de la federación, siendo una parte considerable de lo que se ha conocido como un gran fraude millonario a las arcas de la Hacienda Pública.

En la audiencia, que duró 10 horas, ambos imputados se reservaron el derecho a declarar y fueron vinculados a proceso. Como medidas cautelares les dictaron presentarse cada mes ante la autoridad correspondiente, aplicación de localizador electrónico y prohibición de salir del país.

Además, le embargaron a Jorge Eugenio A. M., cuatro predios situados en el municipio de Benito Juárez, así como ocho automóviles y una motocicleta.  En tanto que a Gerardo Antonio V. H., se le decretó el embargo de siete predios situados en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, así como uno en la ciudad de Mérida, Yucatán. También le fueron embargados tres vehículos en Quintana Roo y un automóvil de lujo, con placas del estado de Yucatán.

A las 11:00 de la mañana dio inicio la audiencia de vinculación a proceso contra Jorge Eugenio A. M., y Gerardo Antonio V. H., quienes comparecieron ante un juez de control del Poder Judicial, derivado de la carpeta administrativa 413/2018, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Dichos exfuncionarios fueron señalados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en calidad de coautores, en específico por la celebración de 84 contratos de prestación de servicios con 37 proveedores en Quintana Roo, de los cuales sólo cuatro estaban registrados en el Padrón de Proveedores.

Dicho esquema fue utilizado para el posible desvío de recursos públicos de forma directa, es decir, sin emitir algún tipo de licitación, por lo que dichas órdenes de pago se realizaron de forma discrecional, sin tomar en cuenta la Ley Estatal de Adquisiciones del Estado de Quintana Roo.

A Jorge Eugenio A. M., se le acusa de celebrar los 84 contratos, tras desempeñarse como director general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS); mientras que su cómplice fue quien le dio el visto bueno y autorizó 104 órdenes de pago a dichos proveedores, debido a que fungió como director de Administración de dicha institución.

Se trata de un posible daño patrimonial que asciende a un monto económico por 743 millones 804 mil 052.68 pesos, recurso que fue obtenido a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de acuerdo con las denuncias que emitió la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) y la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes).

El órgano jurisdiccional determinó que todos los elementos probatorios entregados por la Fiscalía Anticorrupción fueron idóneos y suficientes para poder emitir dicho fallo en esta etapa procesal, por lo que existe acreditación para poder continuar con el proceso.

En cuanto a las medidas cautelares, les distaron presentarse cada mes ante la autoridad correspondiente, aplicación de localizador electrónico que les serán colocados en la Unidad de Medidas Cautelares (Umecas) y prohibición de salir del país.

Además, le embargaron a Jorge Eugenio A. M., cuatro predios situados en el municipio de Benito Juárez, así como ocho automóviles y una motocicleta. En tanto que a Gerardo Antonio V. H. se le decretó el embargo de siete predios situados en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, así como uno situado en la ciudad de Mérida, Yucatán. También le fueron embargados tres vehículos en Quintana Roo y un automóvil de lujo, con placas del estado de Yucatán

Como se recordará, el 9 de agosto del 2019 se dio a conocer que luego de que a nivel federal se citara a comparecer a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria federal del gobierno de Peña Nieto, por su participación en lo que se ha llamado la “Estafa Maestra” en Quintana Roo, la investigación a la que se hace referencia corresponde a los 906 millones de pesos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que entonces era dirigido por Jorge A. M., que facturó entre noviembre del 2015 y agosto del 2016 a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), la cual dirigía Robles Berlanga. Dichos recursos eran por el pago de servicios que nunca realizó la dependencia ni su personal. Todo esto durante la administración estatal del expriísta y hoy preso Roberto B. A.

A nivel estatal y debido a estás irregularidades detectadas, se presentaron cargos contra Jorge A. M., extitular del SQCS, así como Gerardo Antonio V. H., exdirector general en Administración.

Según algunas estimaciones, Quintana Roo sería el estado al que se destinó la mayor parte de los recursos de lo que se conoce como la “Estafa Maestra”: casi la cuarta parte, es decir, un 23 por ciento.

En esa fecha Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó que esta investiga la supuesta participación de dos exfuncionarios estatales en la estafa.

Las pesquisas se enfocaban en el presunto desempeño irregular de dos exfuncionarios del SQCS, quienes se encontraban amparados.

La denuncia la interpusieron el auditor general y la Contraloría del Estado, por el delito de desempeño irregular de la función pública, precisó.

 “Nosotros investigamos lo que compete al estado y logramos obtener dos órdenes de aprehensión confirmadas en amparo”. La funcionaria dijo que están en el proceso de revisión contra los amparos que confirman las dos órdenes de arresto de los presuntos indicados.

Rosaura Arzápalo recordó que el dinero lo envió la Federación al estado para ejecutarlo en determinados rubros y en el estado se investiga el posible pago indebido a algunas empresas con dinero federal.

En su momento se determinará cuál podría ser el destino de alguna cantidad que corresponda al estado, para que una vez conocido el detrimento se reclame.  “Tenemos dos órdenes de aprehensión, las cuales se han consignado en amparo y estamos en espera litigando la revisión”, apuntó la fiscal.

 “Nos estamos allegando más datos de prueba, porque para llegar a una orden de aprehensión, la ley y el sistema penal exigen la justificación de una conducta delictiva y que el imputado haya participado en ella”.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Quintana Roo, que encabeza Óscar Montes de Oca Rosales, investiga el acuerdo que Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, estableció en 2015 y 2016 con el gobierno de Roberto B. A., mediante los cuales transfirieron 906 millones del erario a un selecto grupo de empresas “fantasma”, como parte de la llamada “Estafa Maestra”.

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