Un juez de control vinculó a proceso a dos exfuncionarios municipales por su presunta participación en el despojo de terrenos en la colonia Cristo Rey.
Se trata de Ariadne “N”, quien fungió como secretaria particular de la exalcaldesa Lili Campos Miranda, y Jorge “N”, exdirector de Asuntos Contenciosos del Ayuntamiento. Ambos enfrentan acusaciones por apropiación indebida de predios y abuso de poder administrativo.
El juez determinó que los imputados permanecerán bajo prisión preventiva en el Centro de Retención Municipal durante un periodo de tres meses, tiempo en el que el Ministerio Público deberá llevar a cabo la investigación complementaria.
Detalles de las denuncias
Las imputaciones contra Ariadne “N” se originaron cuando una pareja de adultos mayores —integrantes de un comité vecinal— denunció el despojo de un lote que les había sido asignado legítimamente. A pesar de haber pagado el predial de manera regular durante años, descubrieron que el terreno aparecía a nombre de la exfuncionaria, presuntamente tras una modificación ilegal en el registro catastral.
En otro caso, familiares de un adulto mayor fallecido denunciaron que un terreno fue adjudicado indebidamente a Jorge “N”, quien por su cargo conocía el estatus legal del predio.
Las denuncias apuntan a la existencia de entre 20 y 30 casos similares de adjudicaciones irregulares, en los que podrían estar implicados otros funcionarios o particulares aún no identificados.
Procesos en curso y repercusiones
Las órdenes de aprehensión se ejecutaron el 7 de agosto, y ambos exfuncionarios fueron presentados ante el juez tras ser detenidos por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
Las autoridades han reiterado que agotarán todas las líneas de investigación para identificar a los involucrados y evitar que estos presuntos actos de corrupción queden impunes. El plazo fijado por el juez permitirá recabar testimonios, pruebas documentales y declaraciones clave para fortalecer el caso.
Contexto y reflexión
Este caso no solo destapa posibles actos de corrupción dentro del municipio de Solidaridad, sino que también expone la vulnerabilidad de ciudadanos —en especial adultos mayores— frente a abusos institucionales. La participación de personal clave del área catastral en adjudicaciones irregulares refleja fallas graves en los mecanismos de control y transparencia.
La vinculación a proceso representa un paso importante en la búsqueda de justicia, aunque todavía está por verse si las autoridades podrán sustentar las acusaciones y recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones.
