Ciudad de México.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, así como las de su socio empresarial, Jorge Armando Lizárraga Angulo, y de al menos seis compañías relacionadas con ambos.
La medida coloca nuevamente bajo presión al círculo político y empresarial formado alrededor de la administración estatal. Aunque el bloqueo no constituye una sentencia ni acredita por sí mismo la comisión de algún delito, confirma que Velarde, Lizárraga y las empresas señaladas fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
Ricardo Velarde, conocido como “El Pity”, no fue un funcionario menor. Se desempeñó como subsecretario de Turismo, encargado del despacho de esa dependencia y secretario de Economía entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, mientras conservaba intereses en una amplia estructura de negocios restauranteros, inmobiliarios y de entretenimiento.
Su salida del gabinete ocurrió después de la desaparición de Carlos Emilio Galván, joven originario de Durango visto por última vez en Terraza Valentino, establecimiento de Mazatlán del que Velarde era accionista. El episodio colocó bajo escrutinio la relación entre sus responsabilidades gubernamentales y sus actividades empresariales.
En torno a Terraza Valentino también circulan versiones que intentan vincular la propiedad anterior del inmueble con Rafael Caro Quintero y relacionar el establecimiento con figuras del narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento no se conocen documentos registrales, investigaciones ministeriales ni declaraciones oficiales que acrediten esos señalamientos.
Lo comprobable es que el establecimiento forma parte de la estructura empresarial relacionada con Velarde y sus socios. Además, investigaciones periodísticas han señalado que varios centros nocturnos ligados al mismo grupo fueron escenario de reportes sobre desapariciones, circunstancia que incrementó la presión pública sobre el entonces funcionario.
Velarde promovió un juicio de amparo el pasado 25 de agosto para impugnar el bloqueo de sus cuentas. No obstante, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Sinaloa, donde deberá continuar el litigio.
La UIF también congeló las cuentas del empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, quien compartiría con Velarde sociedades en ocho empresas. Lizárraga promovió igualmente un amparo contra el acuerdo 326/2026, pero una jueza federal le ordenó aclarar su demanda antes de decidir si procede su admisión.
Entre las compañías que recurrieron a los tribunales se encuentran Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz.
Esta última es la razón social de El Muchacho Alegre, restaurante de Mazatlán. Un juez federal rechazó concederle la suspensión provisional contra el congelamiento, al considerar que debía prevalecer el interés público frente a operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita o riesgos para el sistema financiero.
El punto políticamente explosivo no es solamente la intervención de la UIF, sino la cercanía de los afectados con el poder estatal. Velarde ocupó dos áreas estratégicas —Turismo y Economía— mientras desarrollaba negocios en sectores sujetos a permisos, inspecciones y decisiones gubernamentales.
La autoridad deberá explicar si el bloqueo se relaciona exclusivamente con operaciones empresariales privadas o si comprende movimientos efectuados durante el ejercicio del servicio público. El silencio sobre las causas concretas mantiene abierta una zona de incertidumbre que alimenta sospechas y exige transparencia.
Rocha Moya enfrenta así otro golpe sobre un entorno político marcado por escándalos, desapariciones y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. El bloqueo de cuentas no equivale a una condena, pero tampoco puede reducirse a un procedimiento administrativo irrelevante.
La ciudadanía tiene derecho a conocer el origen y destino de los recursos investigados, así como las razones por las que un personaje con amplios intereses empresariales ocupó posiciones clave dentro del gobierno de Sinaloa. Cuando los negocios y el poder público se confunden, la transparencia deja de ser una cortesía y se convierte en una obligación.
Deja tu comentario