Ciudad de Washington / Estados Unidos.— El presidente Donald Trump anunció que su administración considera ahora que los cárteles de la droga operan como “combatientes ilegales” en un conflicto armado no internacional, lo que le permite justificar operaciones militares contra embarcaciones narcotraficantes en el Caribe.
Según el memorándum presentado al Congreso, varios de los ataques recientes con apoyo militar resultaron en el hundimiento de al menos tres lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, lo que provocó al menos 17 muertes. Se afirma que al menos dos de esas embarcaciones procedían de Venezuela y que una de ellas estaría relacionada con la organización Tren de Aragua, que ya fue incluida en la lista de grupos terroristas extranjeros.
El presidente justifica este giro estratégico agregando que Estados Unidos debe actuar con firmeza ante lo que considera una ofensiva del crimen organizado. “Hemos llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia”, reza el documento.
Sin embargo, la medida ha despertado fuertes críticas desde el Congreso y la comunidad legal. Senadores demócratas han cuestionado que Trump no cuente con la autorización del Parlamento para emprender operaciones militares de esta magnitud, argumentando que podría implicar una extralimitación del poder ejecutivo.
Expertos en derecho internacional advierten que designar cárteles como combatientes armados no estatales corre el riesgo de vulnerar garantías legales elementales, especialmente si los objetivos no son identificados claramente o si operan fuera de un marco jurídico definido.
Aunque el Pentágono no ha precisado aún todos los nombres de las organizaciones implicadas, la administración defiende que estas acciones buscan desarticular rutas de tráfico y presionar financieramente a las redes criminales.
El nuevo planteamiento marca un punto de inflexión en la estrategia estadounidense contra el narco, al fusionar elementos militares con la guerra contra el tráfico de drogas. No obstante, queda pendiente el dictamen legal final, el balance del costo humano y la respuesta de las naciones implicadas.
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