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Sociedad de militares y narcos más de 15 casos de alto nivel en 18 años de Fox, Calderón y EPN

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Antes de la captura del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fueron detenidos otros 12 generales del Ejército Mexicano presuntamente involucrados con el narcotráfico; sin embargo, los vínculos de grupos de militares dirigidos por mandos medios con los diversos cárteles de la delincuencia organizada son tan añejos como su participación en el combate al tráfico de estupefacientes.

Por lo menos en las tres anteriores administraciones presidenciales fueron descubiertas diversas acciones de soldados de diferentes grados, relacionados con células criminales a quienes brindaban información de operativos especiales, protección, auxilio para pasar droga en retenes, la no destrucción de sus cultivos ilícitos para darles tiempo de recoger la cosecha, la venta de armas antes aseguradas y hasta el transporte de armamento y drogas en vehículos militares.

En esos actos anómalos se identificó, detuvo y procesó a distintas clases militares que operaron en favor de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Beltrán Leyva, Caballeros Templarios y Los Zetas, entre otros, en escándalos que generalmente no fueron divulgados por las autoridades, pero que Zeta ha localizado en juzgados de Distrito de la República Mexicana, sobre todo a través de juicios de amparo interpuestos en contra de los órganos jurisdiccionales del fuero de guerra.

Es en los tribunales federales, fuera del ámbito militar, donde algunos de los elementos involucrados, procesados y hasta sentenciados han encontrado resquicios para conseguir su libertad, al comprobarse que para obtener sus confesiones -en el anterior sistema de justicia penal- fueron torturados e incomunicados. Incluso en los casos de los filtradores de información sensible de operaciones castrenses, sus aparatos de telefonía celular fueron revisados sin control judicial, lo que echó por tierra muchas de las investigaciones en la fase procesal.

Durante la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de la liberación del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, no han trascendido escándalos graves que responsabilicen a militares de presunta corrupción o involucramiento con la delincuencia organizada.

En el caso de la captura de Ovidio en octubre de 2019, el Ejército Mexicano cumplió con la encomienda de atraparle, pero la orden de ponerlo en libertad fue del propio mandatario, según sus declaraciones, para no poner en riesgo a la población de Culiacán, Sinaloa.

ADMINISTRACIÓN FOX

Durante la administración del Presidente Vicente Fox Quesada (2001-2006) iniciaron los escándalos del medio castrense con el famoso caso de corrupción del 65/o, del Batallón de Infantería de Guamúchil, que presuntamente resguardaba sembradíos del Cártel de Sinaloa y motivó la retención, interrogatorios y tortura de algunos de los aproximadamente 600 soldados acuartelados bajo sospecha en octubre de 2002. Solo 48 de ellos fueron consignados ante un Juez de Distrito. Un caso del que poco se logró conocer y que quedó para siempre en el misterio.

En el mismo sexenio, en junio de 2016, personal 60/o. Batallón de Infantería en Esperanza, Sonora, ya estaba apalabrado con la cantidad de 150 mil pesos a cambio de permitir el paso de un tráiler sin revisión alguna en un puesto de control. La clave “es el camión de las chelas”, mencionada a través de radio transmisores, ordenaba que no detuvieran el paso del transporte. Sin embargo, personal que ya sabía de la acción ilícita usó las trampas israelitas para frenar la fuga del tractocamión. Dentro llevaba mil 520 paquetes con mariguana que arrojaron un peso de 16 toneladas 300 kilogramos. Varios militares fueron encarcelados.

También entre los años 2006 y 2010, pasando de una administración a otra, sin que supuestamente nadie se diera cuenta, se registró el mayor saqueo de armas y artefactos explosivos del Campo Militar Número Uno, en la Primera Región Militar. Los hurtos eran cometidos por soldados que tenían acceso a los depósitos de materiales de guerra para vender los instrumentos bélicos al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y después a la célula de La Resistencia.

Por estos hechos fueron procesados penalmente por lo menos cinco civiles y doce militares, imputados por la comisión del delito de delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud. Miembros del Tercer Batallón de la Policía Militar robaron fusiles, pistolas, subametralladoras, cartuchos, explosivos, chalecos antibalas y piezas de armamento para entregarlo a otros militares que tenían tratos con narcotraficantes. Entre los civiles figuraba Rodrigo Riviello Gutiérrez, sobrino del Secretario de la Defensa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Antonio Riviello Bazán.

Otro muy grave trafique transexenal que abarcó el último año de Vicente Fox en la Presidencia y más de cuatro años del régimen de Felipe Calderón, fue el de una red integrada por soldados vinculados a la Dirección General de Fábricas de la Industria Militar, con sede en Tecamachalco, Estado de México, adscritos al Taller de Simuladores de Tiro. Se encargaban de dar mantenimiento a los stands en toda la República y viajaban en un camión de la marca International a esos sitios.

A bordo de esa unidad, con el pretexto de dar mantenimiento a los Centros de Adiestramiento Regionales (CAR), efectuaron el traslado de cargamentos de mariguana, cocaína y metanfetamina (cristal) desde el Sur y el Centro hasta la frontera Noroeste del país entre principios de 2006 y febrero de 2011. También trasladaban sacos o maletas con dinero en diferentes regiones. Los participantes, más de diez soldados que alternaban sus intervenciones, recibían pagos de entre 10 mil y 35 mil pesos por viaje. El grupo criminal beneficiado fue el Cártel de Sinaloa.

ADMINISTRACIÓN CALDERÓN

Además de los casos descubiertos en la administración gubernamental de Calderón Hinojosa, que databan del periodo de su antecesor, se conoció de cabos conductores que pertenecían al pelotón de transportes del 34/o. Batallón de Infantería en San Luis Potosí, quienes brindaban información sobre los movimientos y operaciones militares al grupo delictivo Los Zetas. Los corruptores, miembros en activo o ex agentes de la milicia, dotaban a sus informantes de teléfonos celulares y un teniente les pagaban entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales. Estos hechos ocurrieron de 2009 a 2011.

Otra acción negativa trascendería entre 2010 y 2012, cuando soldados se encargaron de robar, durante un año y medio, drogas aseguradas del mismísimo depósito de narcóticos de las instalaciones del 79/o. Batallón de Infantería, en La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. La sustracción de cocaína, cristal y otras metanfetaminas en distintas modalidades se registró en dos periodos. Primero, todo un año, de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, y después, entre los meses de marzo y julio de 2012.

Militares que resguardaban el depósito de enervantes y un exsoldado se habían confabulado para apoderarse de las drogas, las cuales ofrecían para su venta y/o intercambio de objetos entre los propios soldados de la XV Zona Militar. De igual forma, distribuían los productos al narcomenudeo en algunas colonias de Zapopan. A los soldados involucrados, un Mayor y un Coronel -este por el delito de desobediencia-, les sujetaron a proceso en el fuero de guerra.

También en esa época, un teniente de artillería, que fue descubierto como informante de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a cambio del pago de mil dólares por cada información que brindaba, fue procesado penalmente por el delito de cohecho en la hipótesis de recibir dinero para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y deserción no estando en servicio.

El implicado estaba adscrito a la Décima Región Militar en Mérida, Yucatán, cuando en 2010 brindaba a agentes norteamericanos información generada en la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionada con las operaciones militares en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

En febrero de 2012, mandos castrenses se percataron de la infiltración del Cártel del Golfo en el 15/o Batallón de Infantería, en el Estado de Tamaulipas. Una denuncia anónima puso en alerta al capitán que lideraba al grupo sobre la presencia en un domicilio del jefe de plaza del puerto de Tampico. Cuando todo el personal fue llamado para preparar el operativo, no habían pasado ni veinte minutos cuando una nueva llamada anónima advirtió que el narcotraficante y su gente salieron en forma estrepitosa de la finca que ocupaban.

Al pasar lista a los soldados, el comandante se dio cuenta de que varios de los elementos portaban teléfonos celulares, contraviniendo las órdenes giradas anteriormente. Uno de los soldados tenía el siguiente mensaje de texto en su aparato de comunicación: “Hey, cuídate, vamos a hacer un operativo que según nos va a llevar al comandante de la plaza”’. Al arribar al domicilio reportado fueron localizadas armas y celulares abandonados. En uno de esos teléfonos se había recibido el mensaje. El receptor era hermano del militar, quien confesó recibir dinero de la célula criminal.

ADMINISTRACIÓN PEÑA NIETO

Con Enrique Peña Nieto también se conocieron casos de militares relacionados con narcotraficantes. En Sinaloa, soldados fueron cooptados por criminales que pagaban cantidades de tres mil pesos mensuales a los soldados que proporcionaron información sobre operaciones militares, movimiento de personal, entradas y salidas del mismo y de aeronaves, a la que tenían acceso por su función. Los datos se transmitieron a través de texto de celular y servicio de Messenger BlackBerry entre noviembre de 2012 y junio de 2013. Varios miembros del Ejército fueron detenidos y procesados.

Quizá una de las mayores decepciones en ese sexenio fue comprobar que no existe institución a prueba de sobornos en el país, pues al menos 10 miembros del 18/o Batallón de Infantería de Marina, de la Secretaría de Marina Armada de México, fueron descubiertos en sus presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios de Michoacán, a quienes proporcionaban información respecto a las actividades en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada a cambio de dinero.

Un segundo maestre apodado “El Piolín” era el encargado de convencer a algunos de sus compañeros de corporación para colaborar con el cártel michoacano de las drogas, a quienes además cuidaban durante el traslado de camiones cargados con hierro mineral hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Los pagos eran diversos dependiendo del grado de los elementos navales, siendo la cantidad mínima de cinco mil pesos mensuales.

En marzo de 2013 se dio a conocer una buena acción de la Base de Operación Mixta (BOM) en Reynosa, que aseguró ocho kilos de mariguana, una granada de humo, tres vehículos -entre estos una Jeep Cherokee blanca-, armas de fuego y municiones de diferentes calibres, así como equipo táctico. Hubo siete detenidos. Lo que no se dijo, y se supo después, fue que el líder de una célula del Cártel del Golfo, fue dejado en libertad antes de reportarse el servicio. Narcos y algunos soldados lo declararon ante el Ministerio Público Federal.

En esa fecha, los elementos de la BOM “Tango G”, comandados por el Teniente de Caballería César Guzmán, localizaron dentro de una fosa, en zona despoblada, seis maletas con 145 paquetes que contenían 146 kilogramos de cocaína, puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Reynosa. No hubo detenidos. Después trascendería que el mando se quedó con otras dos maletas que fueron entregadas a dos taxistas, y para que sus subalternos no lo acusaran, les repartió dinero. En los dormitorios del regimiento se aseguraron mil 325 dólares americanos y 32 mil 500 pesos. Fueron investigados 28 elementos castrenses.

Al menos tres tenientes de Caballería, un sargento, un cabo y otro número indeterminado de soldados fueron investigados y procesados en 2014 por el delito de traición a las Fuerzas Armadas. Integrantes de la Base de Operaciones de Caborca, Sonora filtraban información a un narcotraficante del Cártel de Sinaloa conocido como “El Cantón” a cambio de una retribución económica aproximada a 40 mil pesos semanales. La información estaba relacionada con los movimientos que ejecutaba el personal militar, así como datos de las denuncias ciudadanas que recibían y de los aseguramientos que realizaban.

Otro escándalo que no trascendió a la opinión pública fue el protagonizado por elementos de la Marina en junio de 2015 en Chetumal, Quintana Roo, quienes transportaron la cantidad aproximada a las dos toneladas de cocaína, desde el punto que fue recibida, Xauaxool, hasta un banco de arena ubicado a unos diez kilómetros antes del crucero de Cafetales. La base de operaciones Mahahual se encargó de descubrir la participación naval, por lo que más de 36 miembros de las brigadas de la región fueron investigados.

Otra vez, tropas del Ejército en Sinaloa, en medio del huracán en febrero de 2016: un grupo que integraba la Base de Operaciones “Mercurio 8”, al mando de un Teniente de Infantería, fue comisionado para la destrucción de una serie de plantíos de amapola que se detectaron a través de un reconocimiento aéreo.

Los militares permanecieron varios días en la Sierra Madre, en los límites de Durango y Sinaloa, pero no se movieron de las inmediaciones del poblado “La Calerita”. Sin embargo, el comandante reportó como cumplida la misión. Cuando mandos castrenses fueron a comprobar versiones en contrario, se encontraron con plantas que presentaban ralladuras en su bulbo; es decir, fueron cosechadas y se les extrajo la goma de opio.

Uno de los últimos sucesos en la administración de Peña Nieto, cuyo Secretario de la Defensa Nacional fue el General Salvador Cienfuegos, tuvo lugar en Tamaulipas en enero de 2017, cuando un teniente de materiales de guerra y otro de arma blindada, fueron detenidos en un puesto de control, transportando en un auto Chevy once fusiles AK-47, tres rifles AR-15, dos armas de fuego cortas calibre nueve milímetros, 65 cargadores para “cuerno de chivo”, 106 cargadores calibre 5.56, cuatro cargadores nueve milímetros y 165 cargadores para armas de otros calibres. Además de 779 cartuchos diversos.

Los aprehendidos habían salido con el cargamento de armas y municiones de la Cuarta Región Militar en Monterrey, Nuevo León, arribando al puesto militar de seguridad del Ejido de Oyama, municipio de Hidalgo en Tamaulipas. Las armas presuntamente eran propiedad de un capo del grupo criminal “Vieja Escuela” de Los Zetas.

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