La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, con el objetivo de restringir las suspensiones que impiden actuar al Estado y acelerar los procesos judiciales.
Lo que propone
Definir con claridad qué se entiende por interés legítimo, usando criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evitar que se use el amparo como herramienta genérica para impugnar normas.
Limitar las suspensiones del acto reclamado, de modo que los jueces consideren el interés social y el orden público antes de concederlas.
Prohibir suspensiones que permitan actividades para las cuales se requieran permisos revocados o inexistentes, así como aquellas vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, incluyendo bloqueos de cuentas.
Juicios más ágiles
Establecer plazos específicos: máximo de 5 días para notificar la admisión de un recurso de revisión o de un amparo directo, y 60 días para emitir sentencia fuera de la audiencia constitucional.
Impedir prácticas dilatorias, restringiendo ampliaciones indebidas de demandas, limitando recusaciones improcedentes y asegurando que los expedientes estén completos antes de las audiencias.
Otros puntos clave
Impulsar el amparo digital, con actuaciones jurídicas y notificaciones por medios electrónicos, incluyendo plazos de transición para la adaptación tecnológica.
Facultar a las autoridades a demostrar imposibilidad material o jurídica para cumplir sentencias; si lo hacen, podrían evadir sanciones. Las multas irían al organismo, no al funcionario.
Declarar improcedentes ciertos recursos de defensa de contribuyentes contra créditos fiscales ya firmes, evitando que se utilicen para dilatar obligaciones fiscales.
Lo que está en juego
La iniciativa toca un nervio sensible: ¿qué tan fuertes seguirán siendo las garantías de protección judicial frente al Estado? La reforma busca evitar abusos, pero críticos advierten que podría debilitar el acceso a la justicia, especialmente en casos colectivos o de derechos humanos, si los criterios de interés social u orden público se usan para negar amparo.
Además, la propuesta representa un giro hacia procesos judiciales más rápidos, lo que puede beneficiar al gobierno en temas de recaudación, cumplimiento de políticas públicas y combate al delito, aunque podría generar conflictos constitucionales si no se respetan los derechos fundamentales.
Próximos pasos
El Senado discutirá la iniciativa en las próximas semanas. Se prevén debates intensos en comisiones de justicia, derechos humanos y materia fiscal, donde partidos opositores y organizaciones civiles insistirán en mantener garantías robustas.
