En el pleno del Senado, Morena y PT aprobaron en fast-track la iniciativa preferente de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a la oposición de PAN, PRI, MC, PRD y PVEM, quienes acusaron que la reforma es inconstitucional, el proyecto de decreto fue avalado en lo general con 68 votos a favor y 58 en contra.
Los partidos del llamado bloque de contención, más el Verde Ecologista, votaron en contra, bajo el argumento de que la reforma apuesta a energías contaminantes, incumple tratados internacionales y va en sentido contrario a los acuerdos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Lo que se está proponiendo y como se está proponiendo es, sin decirlo, una contrarreforma a la Reforma Energética. Lo que estamos viviendo, que seguramente ocurrirá en nuestro país, es que la energía resultará más cara en el futuro”, acusó el senador panista Julen Rementería.
“Además, la mayoría de esta energía que produce la empresa nacional, Comisión Federal de Electricidad (CFE), bueno, pues es derivada precisamente de la quema de combustibles fósiles, específicamente del combustóleo”, criticó.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, del PRD, explicó que la iniciativa es inconstitucional, pues si bien el artículo 25 de la Constitución establece que la transmisión y distribución de la energía eléctrica son áreas estratégicas y corresponden de manera exclusiva al Estado, el artículo 28 expresa que la generación y comercialización deben llevarse a cabo en un mercado de libre competencia.
En el caso de la propuesta, explicó, el contrato de entrega física es exclusivo de prestadores de servicios básicos, y debido a la estructura de la industria eléctrica, solamente la CFE es simultáneamente generador y suministrador de los servicios básicos.
“Este trato preferente a un competidor en un mercado en libre competencia, por su participación en un mercado distinto, sin duda constituye una práctica monopólica que está sancionada por la Constitución”, afirmó.
En tanto, Morena y el PT destacaron que la reforma busca rescatar y fortalecer a la CFE “para mantener tarifas bajas en beneficio de los usuarios finales y proteger los intereses de la nación”.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la propuesta del presidente es constitucional, ya que en la Carta Magna no se establece ninguna regla para la participación de particulares en áreas exclusivas del Estado.
“Este documento no atenta contra la libre competencia, la regula. No es inconstitucional, promueve energías limpias que genera la CFE, como las derivadas de hidroeléctricas, geotérmicas y termoeléctricas”, aseguró el zacatecano.
El senador Martí Batres, también de Morena, se expresó en el mismo sentido y en tono sarcástico exclamó: “Ahora resulta que ya me salieron ecologistas los que metieron a México el fracking, los transgénicos y la minería a cielo abierto, ya son ecologistas. Felicidades, se tardaron, pero ¿saben qué? No les creo”.
Añadió: “¿De dónde sacan, me pregunto yo, que el Estado no puede producir energía limpia? Que para producir energía limpia hay que privatizar. Falso. La empresa pública puede producir energía eléctrica, eólica, solar y también hidráulica, que lo hace a gran escala, a pesar de que sus reformas energéticas le han amarrado las manos a la empresa pública para desarrollarse”.
La reforma prevé la instauración de un nuevo orden en el sistema de despacho de los generadores eléctricos y crea la figura de Contrato de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física, así como un acuerdo entre un Suministrador de Servicios Básicos y generadores, mediante el cual se obligan a la compraventa de energía eléctrica, con el compromiso de realizar la entrega física de la energía.
También establece la posibilidad de que todos los generadores que produzcan energía eléctrica a partir de Energías Limpias en el país, puedan obtener Certificados de Energías Limpias, sin importar que sean o no plantas nuevas, ni de quién sean propiedad.
Asimismo, elimina la obligatoriedad de compras por subastas y considera la revisión de la legalidad y rentabilidad, para el gobierno federal, de los contratos suscritos con productores independientes de energía.