Cancún.- El fiscal de la FGR que acusa al dirigente de la CTM en Quintana Roo, Isidro Santamaría Casanova, del delito de trata de blancas, no ha podido aportar pruebas ni testimoniales que respalden su acusación contra el imputado, mientras que el aparato de justicia dilata el proceso dejando en un estado de indefensión al acusado, en un caso más de tácticas recurrentes de fiscales federales que violan los derechos del imputado acusaron abogados defensores.
Desde el 25 de junio de 2019 que Santamaría Casanova fue detenido, el agente del Ministerio Público Federal que lo acusa, Enrique Pérez García, sólo ha aportado datos de prueba que no ha podido respaldar y elevarlos a calidad de pruebas, y se ha dedicado a solicitar prórrogas recurrentes para reunir pruebas, justificado que no localiza a quienes señalaron al imputado.
El expediente mediante el que se acusa y procesa a Santamaría Casanova, está soportado solo por presuntas declaraciones de dos mujeres “entrevistadas” en el bar Dassan de la zona hotelera de Cancún, que fue cateado el 15 de marzo del 2019.
La acusación del fiscal se limita a cuatro datos de prueba, las supuestas entrevistas con dos chicas que se encontraban en el bar durante el cateo, un único informe policial de agentes que participaron en el cateo, cuando debieron ser informes por separados de cada policía y un dictamen en psicología de una de las presuntas entrevistadas, donde sostiene que no es su deseo interponer denuncia alguna contra nadie.
En resumen, el fiscal no ha podido probar nada, y junto al notificador, justifican que no han podido localizar a las chicas que entrevistaron en dicho bar para que interpongan la denuncia formal y respalden la acusación del fiscal contra el imputado.
Después de cinco audiencias, el fiscal Enrique Pérez no ha podido fundamentar sus pruebas y se ha limitado a dilatar el proceso mediante la solicitud de prórrogas.
Abogados del imputado, coinciden que en este caso, es posible que las supuestas entrevistas a las chicas en el bar Dassan sean inventadas o bien que sus declaraciones sean falsas razón por la que estarían en calidad de ilocalizables, lo que ha causado un retraso en el proceso y en consecuencia un perjuicio al imputado.
El próximo jueves nueve de enero se vence el plazo para que el fiscal del caso, Enrique Pérez García, presente pruebas fundamentadas de su acusación o bien el juez cierre el caso por falta de elementos para enjuiciar al imputado.
LA HISTORIA DETRÁS DEL CASO.
En la media noche del 15 de marzo del 2019, agentes de la Policía Ministerial Federal con armas largas y pasamontañas, irrumpieron en el bar Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún, de manera violenta y gansteril, rompiendo cámaras de videovigilancia, amenazando a empleados y clientes, en un hecho donde detuvieron a cuatro empleados y a varias mujeres que se encontraban en el lugar, además de robar dinero de una caja registradora y una caja fuerte, además de computadores y teléfonos celulares de los empleados.
A pesar de que la orden de cateo especificaba que únicamente fue expedida para la búsqueda de armas y drogas, la treintena de policías atracó el bar, convirtiendo el cateo en un saqueo, con detenidos y la siembra de un arma y bolsitas de drogas para poder clausurarlo y asegurarlo, como quedó asentado en la denuncia de los abogados defensores.
Cabe señalar que los mismos abogados, denunciaron que previo al cateo, hubo un acto de extorsión de las autoridades involucradas, razón por la que acusaron que dicho cateo fue un acto de represalia por no haber dado dinero.
En su momento, la defensa del bar Dassan, señaló que la solicitud de la orden de cateo estuvo plaga de mentiras, por lo que consideran se fabricó un expediente para obtener la orden de cateo, mediante la cual se detuvo a personas y se clausuró el bar de manera ilegal.
Luego del cateo y aseguramiento del inmueble donde se ubica dicho establecimiento, abogados señalan que quienes catearon el bar dieron un espacio de tiempo pertinente para poder negociar y al no conseguir su objetivo, fabricaron un nuevo expediente, en base a las supuestas entrevistas a las dos chicas para tratar de sustentar el delito de trata de personas y detener a Isidro Santamaría Casanova, a quien según las dos chicas referidas acusaron de ser el dueño del negocio.
Cabe señalar que dicho cateo, donde se presume las chicas fueron entrevistadas por policías ministeriales, ya fue anulado por un juez y calificado de ilegal por inconsistencia en el procedimiento y excesos que violentaron la orden de cateo.
Así mismo ha quedado probado y exhibido ante el juez de control, que el fiscal que solicitó el cateo, Enrique Pérez García, no estuvo presente en dicha diligencia del 15 de marzo, aun cuando el juez que autorizó el cateo pidió acompañara el operativo y lo hizo responsable.
De acuerdo con la “teoría del árbol envenenado”, si dicho cateo ya fue anulado y calificado de ilegal, las supuestas entrevistas a dos mujeres en ese lugar la noche del cateo, también debieron quedar sin efecto.
Siete meses después de la detención del líder cetemista Isidro Santamaría Casanova, por el presunto delito de trata de personas, el fiscal que acusa no ha podido probar nada, ha recurrido a las tácticas dilatorias e insiste en que no encuentra o no dá con el paradero de las presuntas informantes en la citada entrevista, no ha podido probar la existencia de las denunciantes y por tanto no existe denuncia que respalde sus acusaciones en el expediente 183/2019 por lo que abogados afirman que Santamaría Casanova continua privado de si libertad ilegalmente, ya que el fiscal que lo acusa no ha presentado pruebas suficientes que acrediten el hecho delictivo que se le imputa.
Víctor Flores