Con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, el Gobernador Carlos Joaquín dio a conocer, en entrevista con los medios de comunicación en Chetumal, que propondrá a la XV Legislatura del Congreso del Estado, la abrogación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo.
“Lo que más quiero es la protección de los periodistas y que los derechos humanos se respeten, que haya libertad de expresión y que, sobre todo, la nueva ley nazca de una participación ciudadana, de la participación de todos, de que todos puedan opinar; para ello, es importante modificar lo que hoy tenemos; invitarles a participar de manera abierta, en una consulta totalmente abierta para tener una ley que realmente venga a respaldar y a cubrir las necesidades que ustedes tienen y que son las mías también; y que considero que con lo que está ocurriendo en el país, la mejor manera de aportar a la libertad de expresión y sobre todo a la seguridad y a la certeza que todos necesitan para su trabado”, explicó el Gobernador a los reporteros.
Carlos Joaquín aseguró que una nueva legislación deberá ser de todos, en el sentido de que nazca de una participación ciudadana, en la que además de la voz y el voto de los periodistas y defensores de los derechos humanos, se incluyan las opiniones de otras organizaciones de la sociedad civil.
El primer mandatario estatal resaltó que la Ley tiene también como propósito la unidad y no la división, por lo que se deberán abrir foros, debates y consultas que permitan la libre expresión para la construcción de la ley; y así evitar los conflictos que se han registrado entre periodistas.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo el 14 de agosto de 2015. Desde antes de su promulgación, la Ley fue duramente criticada por algunos sectores de la sociedad, principalmente de reporteros y periodistas quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno estatal anterior. Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó varios artículos de la ley y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por su anticonstitucionalidad.
