La reciente reforma al Poder Judicial comienza a reflejar consecuencias más allá del ámbito político: el sector empresarial advierte que la incertidumbre jurídica derivada de los cambios estructurales está impactando directamente en decisiones de inversión.
Empresarios y actores del ámbito judicial han señalado que, tras la modificación del sistema de designación de jueces y magistrados, se ha debilitado la percepción de independencia y especialización técnica en los tribunales. La preocupación central no es ideológica, sino práctica: sin certeza jurídica, los contratos pierden previsibilidad y los litigios se convierten en riesgos financieros.
Diversas compañías han optado por recurrir con mayor frecuencia a mecanismos alternativos como el arbitraje privado o la mediación, evitando llevar controversias a juzgados donde temen resoluciones inconsistentes o influenciadas por factores políticos. En otros casos, proyectos de inversión han sido pospuestos hasta tener mayor claridad sobre la estabilidad institucional del país.
La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales para atraer capital nacional y extranjero. Cuando el Poder Judicial pierde credibilidad, el costo de hacer negocios aumenta. Las empresas calculan no solo impuestos y logística, sino también la fortaleza de los tribunales que eventualmente podrían dirimir disputas contractuales o regulatorias.
Especialistas advierten que el rediseño del sistema judicial, que abrió espacios a procesos con mayor carga política en la selección de juzgadores, alteró el equilibrio entre legitimidad democrática y profesionalización judicial. El resultado, sostienen, es un sistema percibido como menos técnico y más vulnerable a presiones externas.
En un contexto global donde la competencia por inversión es intensa, la percepción de inseguridad jurídica puede desviar capital hacia países con sistemas judiciales más sólidos y previsibles. La reforma judicial, concebida como un cambio estructural, hoy enfrenta un señalamiento concreto: haber generado un clima de duda que impacta la confianza empresarial.
El desafío no es menor. Recuperar la credibilidad del Poder Judicial no solo implica ajustes normativos, sino demostrar en los hechos que las resoluciones responden a criterios jurídicos y no a afinidades políticas. Sin tribunales confiables, el desarrollo económico se vuelve frágil y la inversión, cautelosa.
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