Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó con 76 votos a favor y 39 en contra la reforma a la Ley de Amparo, presentada como una “modernización” del recurso de control constitucional. Sin embargo, más allá del discurso oficial, lo aprobado representa un retroceso histórico que erosiona el principal instrumento jurídico de defensa de los derechos frente al poder del Estado.
Un golpe al acceso ciudadano
La modificación al artículo 5 redefine el concepto de interés legítimo, lo que restringe la posibilidad de que colectivos ambientales, de salud o comunidades afectadas puedan acudir al amparo. Este cambio limita de facto la participación ciudadana en la defensa de causas comunes, cerrando la puerta a litigios estratégicos de interés social.
Suspensión: del freno al adorno
Otro de los puntos críticos es la limitación a la suspensión del acto reclamado, que ahora podrá ser negada en casos de lavado de dinero, terrorismo, deuda pública o concesiones. Esto significa que la autoridad podrá continuar con actos de alto impacto, incluso si lesionan derechos fundamentales. El amparo deja de ser un dique de contención inmediato para convertirse en un remedio tardío.
Ventaja para el fisco y la UIF
La reforma elimina el recurso de revocación en créditos fiscales e impide la suspensión provisional de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Con ello, Hacienda y la UIF adquieren ventaja procesal automática, dejando a los particulares en situación de indefensión frente a decisiones que afectan su patrimonio de manera directa e inmediata.
Retroactividad disfrazada
Los artículos transitorios establecen que los juicios en trámite deberán ajustarse a las nuevas disposiciones. Esto implica un efecto retroactivo disfrazado, contrario al artículo 14 constitucional, lesionando la certeza jurídica y cambiando las reglas del juego a quienes ya se encontraban en proceso.
Modernización superficial
Aunque se introduce la figura del amparo digital, esta modernización tecnológica resulta apenas un paliativo frente a la mutilación del contenido sustantivo del recurso. La herramienta digital no compensa la pérdida de efectividad en la protección de los derechos.
Un amparo herido de muerte
Lo aprobado no elimina el amparo, pero sí lo debilita como escudo ciudadano. Con menos suspensiones, restricciones al interés legítimo, ventajas procesales para la autoridad y retroactividad en curso, el juicio de amparo queda reducido a un cascarón formal. Un instrumento creado para frenar abusos ahora se perfila como salvavidas de las decisiones gubernamentales.
La oposición ha anunciado que interpondrá acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Organizaciones civiles y académicos alertan que lo que se juega no es un debate técnico, sino la erosión del último recurso de control al poder público en México.
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