La investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal —robo, contrabando y desvío de combustibles— comenzó en 2022 en la Corte del Distrito Sur de Texas, donde se detectaron operaciones que involucraban el transporte y venta ilegal de combustible entre México y Estados Unidos.
El caso se encendió con la detención de José de Jesús Tapia Fernández, exdiputado del PRI en Tamaulipas y expresidente del Congreso local, junto a Rigoberto Brown Cantú, señalados como operadores clave en empresas de transporte y logística que movían cargamentos millonarios de combustibles hacia puertos como Ensenada, Guaymas y Tampico.
La red inició con vínculos al Cártel del Golfo y, en una segunda fase, estableció conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta colaboración criminal quedó expuesta en las actividades de César Morfín Morfín, alias “El Primito”, identificado como enlace de ambas organizaciones.
Las indagatorias apuntan a la participación de altos mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios de aduanas y empresarios. En el centro del caso se ubican Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante detenido, y su hermano Fernando Farías Laguna, contralmirante con una suspensión judicial que evita su captura. Ambos son señalados como líderes de un grupo conocido como “Los Primos”, presuntos jefes de esta red de huachicol fiscal.
También se investigan operaciones financieras sospechosas que podrían superar los 220 millones de pesos, movidos a través de empresas de transporte y financieras, utilizadas para el lavado de dinero derivado de la venta ilegal de combustibles.
La filtración de información durante las pesquisas habría derivado en la muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, cuya muerte se reportó como suicidio, aunque se cuestiona esa versión.
Las ramificaciones de la red alcanzan a Sonora, donde se han identificado vínculos entre empresarios locales y funcionarios estatales con los hermanos Farías Laguna, a través de sociedades y operaciones comerciales que levantan sospechas de complicidad.
En este contexto, Rafael Marín Mollinedo —designado en diciembre de 2022 como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México—, al percatarse del alcance de la investigación sobre la red de huachicol, habló directamente con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y prefirió hacerse a un lado, evitando quedar involucrado en un caso que comenzaba a sacudir las estructuras de poder.
Este caso revela una estructura criminal con alcance internacional, respaldada por funcionarios, elementos de la Marina, empresarios y redes financieras. Más que un esquema de robo de combustible, expone la profunda penetración de intereses ilícitos en el aparato político y económico, dejando abiertas preguntas sobre el verdadero alcance de estas operaciones y las protecciones que las hicieron posibles.
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