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Red civil exige al Estado proteger a mujeres activistas en Guerrero y todo el país

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Ciudad de México, 16 de diciembre.– Las mujeres que conforman la Red Nacional de Defensoras en todo el país exigieron al Estado tomar medidas para garantizar, principalmente, la integridad de las mujeres activistas que trabajan en Guerrero en apoyo al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras, reveló en el marco de la presentación del Análisis de la Violencia contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, realizado por la organización Derechos Humanos de Morelos, que varias mujeres viven un momento de criminalización y persecución por las mismas autoridades en la entidad. “Las mujeres son las más invisibles y están en peligro porque hay una campaña de desprestigio y criminalización en Guerrero en contra de los defensores principalmente de [Centro de Derechos Humanos de la Montaña] Tlachinollan, donde hay 27 activistas y la mitad son mujeres. Los que suenan más son Abel Barrera, el director y Vidulfo Rosales, el abogado, pero la persecución es en contra de todos y todas”, dijo la activista. De acuerdo con el análisis presentado ayer los estados que encabezan los feminicidios de defensoras de los derechos humanos son Guerrero, Chihuahua y Distrito Federal, reveló un diagnóstico que evaluó casos ocurridos entre 2000 y 2014. En el periodo de estudio en Guerrero se asesinó a ocho mujeres, en Chihuahua a siete y en el DF a cinco. Pero Guerrero no sólo está entre los estados donde se asesina a más mujeres defensoras, ocupa el segundo lugar en medidas cautelares a defensoras por amenazas. De las medidas que se emitieron durante en los últimos 14 años Oaxaca registró 17; Guerrero, nueve, y Chihuahua, ocho. “Hay que decir que a partir de los acontecimientos violentos, desapariciones, asesinatos y represión cotidiana en Guerrero, quedó más al descubierto esta situación de vulnerabilidad de defensoras al momento de realizar su trabajo. En esta administración se ha obstaculizado aún más las investigaciones cuando se inician, en los casos de criminalización a pesar de que se han emitido recomendaciones, no se están atendiendo”, dijo Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Paloma Estrada Muñoz, defensora de derechos humanos, recordó el caso de Isabel Rosales Juárez, quien trabaja en un taller de desarrollo comunitario y es integrante del Comité de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. “Ellas estaban acompañando en Guerrero a las víctimas de desaparecidos cuando fueron criminalizadas al hacer su protesta en Chilpancingo, fueron desalojadas por la policía. Esa entrevista la hicimos en julio y vemos que el Estado es el mayor responsable de estas agresiones”, afirmó.

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